“Es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo.” La advertencia de tono marcial que pronunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desde el Salón Sur de la Casa Rosada fue anticipo de lo que se venía. En un giro en su política ante el corte en Gualeguaychú, el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa abierta contra los asambleístas que bloquean el puente internacional. La presentación del Ejecutivo ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tiene la forma de una denuncia penal contra los principales dirigentes de la Asamblea Ambiental, a quienes se imputa con nombre y apellido por una sucesión de figuras penales que, leídas una detrás de la otra, producen el efecto buscado: impactar. La querella incluye también una denuncia civil contra los responsables de la Asamblea. Eso significa que, si el juez llegara a disponerlo, los imputados deberán responder con su patrimonio por los perjuicios que pudiera haber generado el corte. Los asambleístas dijeron sentirse “traicionados y agredidos” por la actitud tomada por el Gobierno.

Fernández ingresó al salón secundado por el ministro de Justicia, Julio Alak, cerca de las 18.30. Para entonces ya había trascendido que el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados que representan al Estado, había tomado un avión para presentarse ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El objetivo del viaje relámpago era pedir que el Ejecutivo fuera aceptado como parte querellante en la causa contra los ambientalistas. Pero el vuelo no pudo aterrizar, por lo que Da Rocha tuvo que viajar luego, pero por tierra. La querella finalmente fue presentada en el juzgado ya avanzada la noche, a las 22.

Al mediodía, Da Rocha había estado en la quinta de Olivos. La presidenta Cristina Kirchner había tenido una larga serie de reuniones: Da Rocha, Fernández, Alak y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, desfilaron por Olivos. El informe de Fernández en el Salón Sur comenzó con una explicación de por qué el Gobierno había decidido no limitarse a notificar a los ambientalistas que estuvieran en el corte del fallo del juez Gustavo Pimentel. “No tiene sentido notificar a quienes han decidido que no se van a notificar”, argumentó el jefe de Gabinete.

Hasta ayer al mediodía la idea del Gobierno era que un grupo de oficiales de la Gendarmería se presentaran en el corte, que ya lleva tres años y siete meses, sobre la ruta 136, en el paraje Arroyo Verde, y que allí notificaran a los ambientalistas que la Justicia federal había resuelto que se garantizara el derecho a la libre circulación. Una vez notificados –para lo cual hay que firmar una cédula judicial–, los ocupantes del puente debían ser identificados por el personal de Gendarmería. Eso podría haber generado una situación tensa, aunque lejos de lo que significaría un operativo represivo para liberar la ruta. “El Gobierno ha tenido paciencia. No tiene vocación de reprimir, no va a reprimir”, subrayó el jefe de Gabinete. “No podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional, pero no se reprimirá”, insistió luego.

Los delitos por los que el Gobierno denunció a los ambientalistas son: entorpecimiento de transporte, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, homicidio culposo, apología del delito, entre otros. “Les tiraron el Código Penal por la cabeza”, fue la reacción que se escuchó entre quienes cubrían la aparición de Fernández y Alak. De los delitos que enumeró Fernández causó sorpresa la inclusión de la figura de homicidio culposo. Esa tipificación fue incluida por el accidente fatal de Walter Maulucci, bonaerense de 33 años que se estrelló con su moto marca Motomel cuando se trasladaba desde Fray Bentos hacia Buenos Aires. Maulucci chocó contra el acoplado que usan los ambientalistas para ocupar el puente. Sucedió el domingo 26 de abril de 2009. Era de noche y, según la Gendarmería, había mucha niebla.

Los funcionarios aclararon por adelantado que no responderían preguntas. El jefe de Gabinete también deslizó algunas críticas al fallo de Pimentel. “No hemos tenido una decisión judicial contundente. Este tipo de decisiones elípticas son de cumplimiento imposible”, dijo Fernández.

A la hora de defender la estrategia adoptada por el Gobierno, Fernández destacó la importancia que tenía la resolución de la Corte Internacional de La Haya y recordó que ambos países se habían comprometido a respetarla. “Es absolutamente necesario cumplir con lo dictado por un tribunal internacional. Ambos países se comprometieron a cumplir el fallo. Esto (por el mantenimiento del corte) constituye un alzamiento contra la decisión internacional”, advirtió. Fernández no se privó de caracterizar con duros términos el accionar de los vecinos de Gualeguaychú. “Han tenido actitudes radicalizadas y en algunos casos violentas. Ya han adelantado que no piensan cumplir con el fallo”, dijo Fernández, quien luego usó la palabra “contumaz” para definir la modalidad de protesta.

Los asambleístas ayer cuestionados fueron los mismos que acompañaron a Néstor Kirchner en el acto masivo del 4 de mayo de 2006 en Gualeguaychú. “Tenemos razón, el derecho está de nuestro lado. Esta es una cuestión ambiental que atañe a toda la Nación”, dijo ese día Kirchner. En respuesta a esos antecedentes, el Gobierno sostiene que el fallo del Tribunal de La Haya modificó el escenario. “En ese momento todavía estaba en curso una acción judicial superior, a nivel internacional. Hoy eso se terminó”, argumentó ante Página/12 un funcionario que viene siguiendo el tema.

Fernández prometió también que, más allá de las denuncias penal y civil presentadas, el Gobierno seguirá manteniendo el monitoreo del río Uruguay. “La política de medio ambiente sólo puede preservarse si nos hacemos responsables de la calidad de las aguas, de las mediciones en todos los ámbitos y del seguimiento de las acciones que deben ser resueltas en el marco de la inteligencia y de un análisis serio y responsable. Vamos a garantizar a nuestros habitantes que no hay contaminación que ponga en riesgo la vida de los argentinos”, aseguró. En ese punto, relacionado con el monitoreo conjunto del río que ordenó el Tribunal de La Haya en su fallo, el jefe de Gabinete hizo una revelación que pasó algo desapercibida: aseguró que el mantenimiento del corte impedía el monitoreo conjunto.

Poco después, Página/12 escuchó de uno de los ministros que viene interviniendo en este tema el trasfondo de la puja con Uruguay. “Aunque no lo haya dicho en público, el gobierno uruguayo nos planteó que hasta que no se levante el corte del puente no avanzarán con el monitoreo conjunto”, fue la versión del funcionario. También confió cuál había sido el análisis del conflicto que había llevado al Gobierno a modificar su estrategia. Como se dijo, la idea primigenia era cumplir con el fallo de Pimentel notificando a los ocupantes del puente. “Cada ambientalista tiene una lista de celulares a los que llamar de urgencia, eso hubiera reunido a varios miles en pocas horas. El puente tiene nueve kilómetros, si vos querés garantizar que no lo corten en ningún punto tendrías que disponer de la totalidad de los efectivos de Gendarmería.”