“¿Así que más adelante nos van a ofrecer créditos y viviendas? ¿Por qué no lo hacen ya, y no sólo a nosotras sino a miles de mujeres que también lo necesitan sin ser trabajadoras sexuales?”, preguntó Elena Reynaga, titular de la Asociación de Meretrices de la Argentina (Ammar). “Eso es engañar a la gente, ¿no?”, agregó. “Es lo mismo que cuando nos ofrecen máquinas de coser, y a lo mejor queremos manejar colectivos. Hablan del derecho a la igualdad de las mujeres y después quieren enseñarnos peluquería: ¿por qué no nos compran un taxi?”

Reynaga, quien también preside la Red de Trabajadoras Sexuales de América latina y el Caribe, invitó “a la diputada Marcela Rodríguez a que se acerque a Ammar, a fin de interiorizarse del tema, que evidentemente no conoce”. Según la dirigente, “miles de mujeres ejercen el trabajo sexual por opción propia. Es falso que por penalizar al cliente van a erradicar esta actividad: la van a llevar a una mayor clandestinidad y marginalidad. Al revés, hay que blanquear de una vez por todas y regular el trabajo sexual”.

Ammar reclamó que, para enfrentar realmente la trata de personas, “se implemente un servicio de asistencia que cuente con presupuesto suficiente para una real reinserción social y laboral de los rescatados y que no obligue a la víctima a denunciar”. Recordó “un caso reciente donde le exigían a la chica que denunciara a los tratantes, y ella pedía que primero se la protegiera y poder traer a sus hijos de la ciudad donde estaban en peligro. Lo primero es contener y cuidar a las víctimas de trata: cuando sienten que sus necesidades son tomadas en cuenta, entonces están dispuestas a denunciar”, explicó Reynaga.