“En la Argentina, como en ningún otro lugar, los jueces llegan fácilmente al desalojo en el marco de medidas cautelares. Incluso el Estado hace causas penales por usurpación de tierras fiscales, en lugar de urbanizarlas. Hay desalojos que contradicen los criterios internacionales, donde se recurrió a la fuerza sin derecho a defensa como en el parque Indoamericano y en la comunidad La Primavera, de los Qom, en la provincia de Formosa, echada de sus tierras ancestrales y sus viviendas quemadas, en un hecho muy preocupante. En Ushuaia actúan cooperativas privadas de seguridad, contratadas por el municipio, que amenazan a habitantes de asentamientos –denunció Raquel Rolnik, relatora de la ONU sobre Vivienda–. Como no se establecen políticas públicas, se judicializa el problema.”

“La relocalización es siempre traumática, aleja a las poblaciones de sus trabajos y escuelas, a veces empeora la situación original –agregó–. A veces, sí, hay que relocalizar, como en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde ante todo hay que observar que la política se basa en una sentencia judicial y no, como debería serlo, en un plan de reurbanización. Pero ciertamente es un área contaminada, que produce enfermedades: sin embargo, a 600 metros hay galpones y tierras vacías, a donde sería más digno trasladar a los habitantes. En cambio, en la villa Rodrigo Bueno no hay problemas de contaminación, se puede consolidar: no quieren hacerlo porque temen que esos vecinos devalúen los cercanos edificios de lujo.”