La Cámara de Casación decidió ayer dar un vuelco a la sentencia del tribunal oral que impuso las condenas por la tragedia de Cromañón. Atenuó la calificación del delito impuesto a Omar Chabán, y por tanto la pena que le corresponderá: ya no es “incendio doloso”, sino “culposo”. La misma responsabilidad les achacó también a los integrantes de Callejeros, que habían resultado absueltos. Los jueces consideraron que no se trató de un acto “doloso” o intencional, sino que todos actuaron con negligencia. Además, tres funcionarios, uno de los cuales había sido absuelto, recibieron condenas por “omisión de los deberes de funcionario público” y por cierta responsabilidad en el incendio. El tribunal ordenó además liberar la calle Mitre al 3100, cerca de Cromañón, donde está el santuario de los familiares al que volvieron ayer, con su rezo silencioso. “Vamos con alegría, aunque esperábamos penas más altas”, aseguró Amelia Borras, sobreviviente y madre de una víctima.

Como todos los acusados están libres y, según ya adelantaron los abogados defensores de varios de ellos, las condenas serán apeladas, el fallo de la sala III de la Cámara de Casación no deja a nadie tras las rejas porque no hay una condena firme. Las penas para la banda, su manager Diego Argañaraz, Chabán y su mano derecha, Raúl Villareal, y el resto de los condenados deberá fijarlas el tribunal oral 24 una vez que reciba de vuelta el expediente. El máximo posible es de 11 años. Cinco por el incendio culposo seguido de muerte y seis por el cohecho (ver aparte).

Una hora y media tardaron los camaristas para leer el veredicto; mientras, una secretaria bajaba y subía las escaleras que salían de una puerta falsa, disimulada en un tramo del recubrimiento de madera de las paredes. “Por problemas técnicos vamos a empezar en unos minutos”, dijo en un momento la joven. En un balcón de la sala, sus colegas se reían. “Todavía no llegó la Guardia de Infantería”, bromeó uno. Los amigos y familiares de las víctimas ya habían invadido un salón que da al púlpito de los magistrados, separado por un blindex. El episodio había hecho huir a la presidenta del tribunal, la jueza Liliana Catucci.

En medio de la pelea se oyó el pedido imposible de una madre a un policía que le impedía el paso: “¡Devolvenos a nuestros hijos! ¡La puta que te parió!”. Dos madres y una joven se repartieron las hojas con los 193 nombres y pasaron lista. Primero se dijo “presente”, después “justicia”. Para poner orden, una joven secretaria que dirigió la ceremonia judicial pidió a los abogados de las partes que tomaran asiento. A paso de monaguillo, un grandote trajeado transportó los tres cuerpos del veredicto, 2150 páginas.

Cuando la sala se llenó de uniformados con cascos, palos y escudos, y el grandote cambió por tercera vez las copas de agua helada que estaban sobre el altar de los jueces, la secretaria exigió reverencia: “De pie, por favor”. La jueza Catucci pidió silencio y fue inmediatamente acatada por los presentes, de un lado y del otro del blindex. Eran las 11.30. La jueza explicó que por el volumen de la sentencia sobre la causa 11.684 iba a leer sólo la “parte dispositiva” y las partes se llevarían un CD con una copia del texto de la sentencia.

La lectura no duró más de cinco minutos, nadie festejó ni insultó. Salvo al final, cuando se dictaminó la reapertura de la calle Bartolomé Mitre. Mucho tuvo que ver la ausencia de todos los acusados en la sala, un temor que confirmaron los familiares al invadir el salón contiguo a la sala. Querían asegurarse de que se los llevaran detenidos a los imputados, algo que de todas formas no iba a ocurrir. El primero en ser sentenciado por los jueces Catucci, Eduardo Riggi y Angela Ledesma fue Chabán, el gran beneficiado de la jornada.

Los camaristas revocaron la calificaron de “incendio doloso”, por la que se condenó al gerenciador de Cromañón en agosto de 2009 a 20 años de prisión, de los cuales cumplió dos años y medio. En los argumentos de su voto, Catucci afirmó que “con sólo recordar que Chabán, (el manager Diego) Argañaraz, Villarreal y los demás integrantes del grupo Callejeros estaban presentes en el lugar, queda descartado de plano un quehacer doloso (porque) de lo contrario, ellos mismos hubieran sido las primeras víctimas” (ver aparte). A Chabán le adjudicaron además el delito de cohecho activo, por la coima pagada a la policía para que hiciera la vista gorda con el control de la gente que entraba al boliche.

En la lectura siguió Villarreal, que había recibido un año por ser “partícipe secundario” y ahora quedó en la misma situación que Chabán, sólo que el “cohecho” en su caso fue como “partícipe necesario”.

Argañaraz fue el siguiente y también recibió una baja en la pena al cambiarse la calificación: antes había sido condenado a 18 años por “partícipe necesario del incendio doloso”, ahora se le adjudicó “incendio culposo” y también “partícipe necesario” del cohecho.

“Ellos conocían la posibilidad de que se produjera un foco ígneo”, escribió la jueza Catucci, quien consideró que se manejaron con “negligencia” e “imprudencia”. Por ello fueron condenados, a la misma figura que el manager, los músicos Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado.

En el caso de los funcionarios, los camaristas entendieron y dieron como probado que sabían de la situación irregular en el que estaba el boliche. Se trata de las ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y la ex directora adjunta de Fiscalización y Control Ana María Fernández, que habían sido condenadas a 2 años de cárcel, y Gustavo Torres, ex director de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, que había sido absuelto. Ahora, los tres fueron condenados por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de incendio culposo seguido de muerte”.

“Fiszbin, Torres y Fernández tenían la obligación y la facultad de actuar frente a los alertas descriptos –sostiene el fallo–. En este último sentido, siendo los encargados por ley de controlar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los locales bailables, era su deber adoptar aquellas medidas que resultaran adecuadas para neutralizar los peligros que los denominados alertas les anunciaban. Por tanto, es posible sostener que los funcionarios eran garantes de la evitación de resultados típicos como los producidos en locales como República Cromañón, al menos en sentido formal, ya que era la ley misma la que establecía su deber de control.”

Quien siguió en la lectura del veredicto fue el subcomisario Carlos Díaz, quien ya había recibido una condena de 18 años y resultó beneficiado ayer por el cambio de “culposo” a “doloso”. Para los jueces, “no caben dudas” de que existió “un pacto venal”, un eufemismo para referirse a la coima que recibía de Villarreal. “Esa actividad funcionó como concausa del incendio”, sentenciaron. El último de los 14 condenados fue Daniel Cardell, escenógrafo de Callejeros, absuelto antes y ahora culpable de los mismos delitos que la banda, ya que se lo tomó como un integrante más.

Terminada la lectura de los veredictos, un silencio generalizado desconcertó a los propios jueces. Sólo unos pocos detrás del blindex protestaron porque se ordenó liberar el santuario ubicado en la calle Mitre al 3100, donde la noche del 30 de diciembre de 2004 se desató el incendio en el que murieron 193 personas y casi 1500 resultaron heridas. A diferencia de aquel fallo de 2009, con los familiares y los seguidores de Callejeros marchando por separado, sólo se rompió un vidrio ayer en medio de los empujones en el hall de entrada y nadie tiró piedras sobre el tribunal tras la sentencia.

Bajo el cielo nublado, frente al tribunal, Cristina Bernasconi reconoció que el fallo “era lo que esperaba”. La madre del fallecido Nicolás Landoni se sentía “aliviada”, al igual que Amelia Borras, que por primera vez en mucho tiempo no lloró de bronca. Un pequeño grupo de fieles de Callejeros pasó por el lugar y debieron retirarse. “O los cagamos a trompadas”, fue la oferta que escucharon de parte de un grandulón enfurecido.

[email protected]