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“Es urgente cambiar la ley nacional que hace obligatorio el testeo del Chagas en los exámenes preocupacionales”, pidió Luisa Giménez, secretaria científica de la Red de Chagas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según dispone la Ley 22.360, a toda persona que ingrese a una actividad laboral deben efectuársele las pruebas para detectar la enfermedad de Chagas-Mazza. La intención es protegerlo de actividades laborales que no esté en condiciones de realizar, pero el resultado es el inverso, simplemente porque “si la prueba da positivo, ningún empleador contratará a esa persona, que así queda fuera del mercado laboral legal”, señaló Giménez.
El coordinador del Consultorio de Chagas del Hospital Santojanni, Sergio Auger, observó que “paradójicamente la persona con Chagas termina trabajando en ‘changas’ que lo obligan a esfuerzos mucho más perjudiciales que los que afrontaría en un trabajo legal”, y comentó que “se les impide trabajar, no sólo a los que han de enfermar de Chagas sino al 70 u 80 por ciento que, estadísticamente, no presentará síntomas en su vida”.
Así, los pacientes quedan sin acceso a obras sociales y, por lo tanto, privados de medicamentos. “En un estudio sobre 705 personas con Chagas, encontramos que sólo el ocho por ciento tenía seguridad social; la gran mayoría eran desocupados y subocupados”, contó Auger.
La solución estaría en reemplazar el cuestionado artículo 7º de la 22.360 por una normativa similar a la que rige para el VIH/sida, donde está prohibido el análisis compulsivo por cuenta del empleador.