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En la tierra de los Juárez se ha disparado el operativo cerrojo. El juez a cargo de la investigación del doble crimen dispuso el secreto de sumario de veinte días, una medida sin antecedentes en la provincia. El insólito argumento se basó en la “complejidad y la repercusión pública” del caso. Ni los defensores de los imputados ni quienes representan a los familiares de las víctimas tienen acceso a la causa que se convirtió en un estorbo para la estructura del poder político. El secreto de sumario se instaló, casualmente, el día que los familiares de las jóvenes asesinadas pidieron formalmente la detención por encubrimiento de dos pesos pesado del juarismo: el diputado Carlos Alberto Anahuate y el ex comisario Antonio Musa Azar. Ahora el enigma está planteado en torno del silencio que gobernará la causa y el camino que tomará la instrucción que hasta ahora lleva cuatro meses, un cúmulo de desprolijidades, intrigas y dos jueces que ya desde antes del caso arrastran denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia por asociación ilícita y estafa procesal.
El juez Dardo Herrera hasta ahora no había formalizado la disposición del cierre del sumario para las partes. Recién ayer a la mañana y mientras crecían los rumores del pedido de detención para los pesos pesado de la provincia, el vocero de los tribunales de La Banda anunció la medida que, tácitamente, ya existía. Durante toda la semana, ninguna de las partes pudo acceder a los expedientes. No pudieron hacerlo ni siquiera los abogados de los imputados sobre los que en este momento caen las sospechas. Este tipo de procedimiento no tiene antecedentes en Santiago: “A lo sumo –explica Luis Santucho, representante de los familiares de Patricia Villalba–, los secretos se imponían durante unos días”. En este caso, son veinte. Veinte días en los que nadie podrá conocer cuáles son los nombres que están sonando en la investigación donde aparecen relaciones con las primeras líneas de un gobierno cuyas estructuras parecen resquebrajarse.
Hasta ahora, las medidas dispuestas por el juez habían disparado el descabezamiento del vicegobernador Darío Moreno y la renuncia del propio Antonio Musa Azar. Los desplazamientos fueron los resultados de las tres primeras órdenes de detención dispuestas por Dardo Herrera a poco de hacerse cargo de la investigación, cuando se consolidaba la línea que relaciona los crímenes con un misterio de sexo, drogas y poder. Esa línea se instaló sostenida por los familiares de las víctimas y por los organismos de derechos humanos locales, que desde hace cuatro meses llevan adelante una suerte de investigación ad hoc sobre la causa.
Ahora nadie sabe si las cosas seguirán ese camino. En Santiago del Estero, los especialistas en la materia consideran que este tipo de cerrojo suele aparecer cuando los estratos superiores de poder piden algún tipo de alineamiento. Aunque nadie conoce el detalle de los procedimientos que lleva adelante en este momento el juez, algunos abogados recuerdan que tanto el anterior juez del caso como el actual vienen con cuestionamientos anteriores a esta causa.
Mario Castillo Solá fue quien estuvo al frente de la causa durante los primeros meses de la instrucción. Durante su investigación se perdieron pruebas que ahora se consideran vitales para dar con los responsables del crimen como los elementos que aparecieron en la zona de La Dársena alrededor de los cuerpos. Después del procesamiento de Patricio Llugdar, la causa pasó a manos de Dardo Herrera, el juez que está a cargo del Juzgado Civil y Comercial de La Banda. Estos dos jueces trabajaron también en la investigación de la muerte de Pablo Vidal, un crimen donde fueron acusados dos hijos del poder y existen cuatro policías y ocho testigos imputados por encubrimiento. En la provincia, este caso funciona como casotestigo, es una de las investigaciones sobre las que trabajan las llamadas Madres del Dolor, una organización de derechos humanos que en este momento sigue unos 70 casos de gatillo fácil y abuso de poder. Por la intervención en ese caso, Mario Castillo Solá y Dardo Herrera están denunciados por asociación ilícita y estafa procesal. Además:
1 Fueron denunciados ante el Tribunal Superior por asociación ilícita, prevaricato, falsedad ideológica y estafa procesal, una figura que pena la incorporación o sustracción de pruebas en una causa.
2Mario Castillo Solá está sumariado por el Tribunal Superior de Disciplina en ese mismo caso. Durante la instrucción, el juez demoró seis meses en pedirle a la policía la documentación que retenía. Y no tomaba intervención sobre los testigos que incurrían en falso testimonio aún cuando el Código de Procedimiento lo obliga a abrir causa de inmediato.
3Dardo Herrera tiene dos pedidos de juicio político presentados por Luis Pericas y Ricardo Aguad. El primero es por “parcialidad manifiesta e ignorancia reiterada” a raíz de una causa penal en torno de un litigio por LV7 de Tucumán; la otra es por “desarreglo de conducta” y en ese caso lo que pesa es el acta labrada por un escribano cuando lo descubrieron jugando algunas fichitas en un casino.