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Ya casi nadie duda del encubrimiento que rodeó la primera parte de la instrucción de la causa por el doble crimen. En ese esquema, la policía podría haber sido el brazo ejecutor de la operación y la Justicia, en cambio, el ámbito que actuó o intervino presionada. Esa hipótesis disparó en estos días las investigaciones destinadas a revisar esa etapa de la causa y la decisión del Consejo de la Magistratura de impulsar el juicio político al primer juez. También, la resolución tomada ayer de iniciar un sumario interno a los policías que formaron parte de la investigación.
La semana pasada, Arrulfo Hernández, el fiscal de la Corte, le pidió al juez de instrucción Mario Castillo Solá un informe sobre la actuación de la policía durante los primeros meses de instrucción. El lunes, Castillo Solá presentó el informe en una reunión plenaria del Consejo de la Magistratura. Poco más tarde, el organismo decidía por unanimidad iniciarle al juez un juicio político. La decisión no tomó en cuenta únicamente el trabajo de la policía sino también la posición del magistrado en el proceso. “A mi criterio fue negligente”, opinó uno de los integrantes del Consejo durante una consulta de este diario. Lo negligente de Castillo Solá fue, según el criterio del Consejo, no disponer los allanamientos en la casa de Cristina Juárez, en la que Leyla Bshier Nazar estuvo alojada durante los últimos días de estadía en Santiago. El Consejo tomó en cuenta, además, otros dos elementos: por un lado, que no se hubieran ordenado cercos perimetrales en las zonas donde aparecieron los cuerpos y dos, que tampoco se hubiera tomado recaudos sobre el costado de la ruta de La Dársena donde había dos charcos de sangre.
Castillo Solá, al evaluar la intervención de la policía, se limita a señalar que una dotación especial fue canalizada “a instancias del Poder Ejecutivo en su loable intención de contribuir al esclarecimiento del hecho”.