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En el juzgado de La Banda declaraba uno de los voceros del Obispado de Santiago. Cuando pronunció el nombre de la mismísima gobernadora Nina Aragonés de Juárez para pedir que se la investigue porque desoyó las denuncias de los casos previos, el secretario del juzgado lo apuntó con un cortapapeles extremadamente largo. Para Javier Baudino, el coordinador de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Obispado, aquello se convirtió en el inicio de un escándalo. Puertas afuera, aseguró que durante esta mañana presentaría una denuncia penal ante el Tribunal Superior por amenazas. Más allá de la existencia o no de esa amenaza, lo cierto es que la Iglesia local está convencida de que ha comenzado una suerte de enfrentamiento total con el poder político de los Juárez. Así fue entendida la citación que llegó al Obispado para que algunos miembros se presentaran a declarar en la causa del doble crimen. En este momento, el juarismo parece enfurecido por la participación y las movilizaciones de la Iglesia, que ayer lograron convocar a 300 personas en una misa en La Dársena.
Lo que para la Iglesia se ha trasformado en una suerte de presión del juarismo comenzó exactamente el jueves pasado. Ese día, a un día de la marcha más populosa que tuvo Santiago y de la primera organizada en buena parte por distintos sacerdotes de La Banda, el Obispado recibió un oficio de citación del juzgado de Dardo Herrera, a cargo de la investigación de los crímenes. ¿Cuál era el motivo? En el expediente están los datos. Hace muchos meses, tal vez durante una de sus primeras declaraciones, una de las amigas de Leyla, Cristina Juárez, mencionó a un tal Mario entre sus clientes habituales. El tal Mario, según la chica, era una persona del Obispado. El dato había pasado de largo para la Justicia hasta ahora, justo cuando la Iglesia comenzó a denunciar en voz alta la trama de impunidad, de miedo y de silencio impuesta por –según el propio obispo Juan Carlos Maccarone– “las autoridades”.
El resultado de esa suerte de ofensiva se fue viendo durante todo el fin de semana y terminó ayer con un escándalo. El viernes pasado, antes de la marcha, el obispo Maccarone se reunió con la avanzada de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que llegaba de Buenos Aires para impulsar la intervención federal del Poder Judicial de la provincia. Después de aquello, Maccarone pronunció uno de sus discursos más duros durante la homilía del Corpus Christi y encargó una encuesta provincial para conocer cuál es el consenso que tendría la intervención federal. La encuesta está en marcha y, aunque el obispo está viajando a Alemania, sus asesores continúan la batalla en el territorio de Santiago. Baudino se presentó en el juzgado, aclaró que en el Obispado, al menos él, no conoce a ningún Mario y lanzó dos denuncias explosivas. Le pidió a Dardo Herrera que iniciara una investigación sobre Nina Aragonés por los informes de la Secretaría de Informaciones de la provincia, que controlaba Musa Azar. De acuerdo con Baudino, “la señora gobernadora estaba al tanto de todo lo que pasaba”. Después de ese primer misil, largó el segundo: esta vez contra el todopoderoso Carlos Ick, el dueño de buena parte de la provincia y además del popular Canal 7 de televisión local. Según Baudino, desde los crímenes, el gobierno duplicó la partida publicitaria para el canal, y lo hizo durante los meses de “febrero, marzo, mayo, abril”. Dijo que esa partida “estaba destinada a desviar la investigación de los crímenes para presentar a Patricio Llugdar como único responsable del caso”. Y para terminar agregó lo que faltaba: “Hay que pedirle explicaciones a Xavier Ferrara Peña, vocero de la Casa de Gobierno hasta hace dos semanas y empleado además de Néstor Ick dentro del canal de televisión privado”.