La reforma del Código Civil se debate desde el año pasado en el Congreso Nacional e incluye artículos referidos a los pueblos originarios. Es cuestionado por numerosas organizaciones indígenas. El Informe 2013 del Odhpi lo analiza en clave jurídica y concluye: “El proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”.

El informe hace una decena de observaciones, entre ellas puntualiza que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas (establecido en convenios internacionales) y asegura que el proyecto de Código Civil contradice a la Constitución nacional al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.

“El proyecto de Código Civil no sólo es ilegal por ser inconstitucional, sino que es ilegítima porque el mundo indígena fue contundente en las 18 audiencias públicas que se hicieron en 2012. Si el Gobierno no toma nota de las críticas, las consecuencias para los territorios indígenas van a ser lamentables”, aseguró la secretaria ejecutiva del Odhpi, Micaela Gomiz.