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“Hay un tema del que no se habla en la provincia: la seguridad privada. Es un tema complejo, peligroso, duro, pero que si no se aborda desde el gobierno puede transformarse en una trampa para esta democracia vapuleada”, le dijo ayer a este diario la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados provincial, Graciela Podestá. Podestá opinó, tras la publicación del informe sobre el escuadrón de la muerte que “el tema fundamental es que hay que desmembrar algunas redes de complicidad entre algunos altos jefes de la policía de la provincia con dueños y Cámaras de agencias de seguridad privada porque son el brazo continuador del accionar de la maldita policía. No es en vano que muchos propietarios del negocio son funcionarios policiales”.
Las relaciones existentes entre la eliminación de menores en delito y seguridad privada surgidas del informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte preocuparon a Podestá, que pidió al gobierno acción en cuanto al control de las agencias. “Hace mucho tiempo que batallo porque no hay control. Los chicos son asesinados porque existe un negocio y es ése negocio el que hay que romper”, dijo la diputada, amenazada la semana pasada por sus denuncias sobre corrupción en la compra de armas de la Policía Bonaerense. “Cuando hablamos de confabulaciones mafiosas –criticó– hablamos también de omisión de una justicia cada vez más ciega que en muchos casos es cómplice de estos crímenes si no se entiende cómo es posible que los fiscales de San Isidro no hayan investigado o hayan dejado de hacer lo mínimo para aclarar los asesinatos.”