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Vuelve a abrirse en la Argentina el debate sobre la tenencia de drogas para consumo personal: un diputado nacional presentará en los próximos días un proyecto de despenalización. El castigo al consumo había sido instaurado en 1974 en una ley promovida por José López Rega. Después de la dictadura, en 1986, la Corte Suprema lo dejó sin efecto por contradecir el artículo 19 de la Constitución, según el cual "las acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados". Sin embargo, en 1989, la ley 23.373 volvió a criminalizar el consumo, y –según el diputado Eduardo García, autor del inminente proyecto– la "mayoría automática" en la Corte impidió toda posibilidad de que se declarara su incompatibilidad con la Constitución.
El proyecto de García –diputado por Córdoba del Partido Socialista– pide la eliminación del parágrafo segundo del artículo 14 de la Ley 23.373, que considera delito penal la tenencia de sustancias prohibidas aun "cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".
En la Argentina, según el relevamiento histórico que incluye el proyecto de ley, los vaivenes legislativos sobre el tema reflejaron las alternativas de la relación con Estados Unidos. En 1974 se sancionó la Ley 20.771, "que tuvo origen en un proyecto legislativo del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega, fundación de la Triple A", "influenciada por la primera 'guerra a las drogas' que impulsaba Richard Nixon en la década del '70; su antecedente directo son los convenios firmados por el Ministerio de Bienestar Social de la Nación con el gobierno de los Estados Unidos, meses antes de su sanción". La ley, que penalizaba la tenencia para consumo, consideraba "un imperativo de la defensa nacional la preservación del individuo en todos los aspectos concernientes a su interacción social".
La ley lopezreguista sigue en pie durante toda la dictadura y se le atreve a la democracia hasta que, en 1986, la Corte Suprema de Justicia la declara inconstitucional "pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional en la medida en que invade la esfera de la libertad personal".
Pero en 1982, el presidente Ronald Reagan había relanzado la "guerra a las drogas", y en 1988 consiguió que la Convención de Viena de las Naciones Unidas accediera a considerar delito la tenencia para consumo personal, aunque con una reserva: "...a menos que esto sea en contra de los principios constitucionales" de cada país. En cualquier caso, al año siguiente, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Estupefacientes 23.737, que vuelve a penalizar la tenencia para uso personal. El proyecto del diputado García agrega que, esa vez, la posibilidad de que el Poder Judicial declarara la inconstitucionalidad "se vio absolutamente limitada en la Argentina de la 'mayoría automática' en la Corte Suprema".
El proyecto cita una investigación del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (Fores), según la cual, en 2001, "de las 23.000 causas que existían en juzgados federales, 12.934 (el 67 por ciento) eran por drogas. De ese total, 8808 se archivaron, 284 se desestimaron y 28 prescribieron. Sólo 153 casos (1,2 por ciento) llegaron a juicio. Y más de la mitad del presupuesto de la Justicia federal se invirtió en esta área".
Según los datos relevados en el proyecto de ley, el perfil mayoritario de las personas detenidas por infracción a la Ley 23.737 es: "Persona del sexo masculino, ocupada con trabajo permanente, que no fue encarcelada con anterioridad, que al momento de su detención en la vía pública no tenía armas ni estaba cometiendo otro delito, que tenía en su poder cantidades menores a cinco gramos de marihuana o cocaína".
El proyecto señala que "el número de usuarios de drogas ilícitas en la Argentina se estima en uno a tres millones", por lo cual "se cae en un callejón sin salida al criminalizar a una parte de la sociedad que, por su importancia cuantitativa, es imposible abordar desde lo penal".