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“La Corte Suprema no encontró peor manera de homenajear a las mujeres en su día. El fallo contra la anticoncepción de emergencia hace retroceder a la Argentina respecto de otros países en materia de salud reproductiva y va a provocar un efecto contrario del que dicen querer defender: en lugar de haber más nacimientos, habrá más abortos”, cuestionó el jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, el único funcionario de alto rango que se atrevió a hablar sobre la controvertida sentencia del máximo tribunal. Ibarra criticó también la decisión de los ministros de la llamada “mayoría automática” menemista por considerar que “afecta directamente la capacidad de decisión de la mujer sobre la cantidad de hijos que quiere tener a horas de haber tenido una relación sexual sin protección, algo que debiera ser incuestionable”.
En diálogo con Página/12, Ibarra rechazó además la sentencia de la jueza civil Graciela González Echeverría que se conoció esta semana y que declaró “inconstitucional” la ley de Salud Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires por considerar que viola la patria potestad al permitir el acceso a menores a información y anticonceptivos sin necesidad de autorización de sus padres. “Este fallo tiene una alcance limitadísimo. Solo sobre los tres abogados que presentaron la demanda y sus hijos. Pero tiene que quedar claro que la ley sigue vigente y seguimos brindando toda la información que se requiera sobre anticoncepción”, aclaró el jefe de gobierno. La causa comenzó con un recurso de amparo de tres abogados del movimiento Pro Vida.
Según informó ayer el gobierno porteño, durante los diez primeros meses de vigencia de la ley –sancionada el 22 de junio de 2000– se realizaron más de 75.000 consultas, lo que significa un incremento del 20 por ciento en relación al año anterior. El 14 por ciento correspondieron a adolescentes menores de 19 años. El Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable tuvo en 2000 77.350 beneficiarios y en 2001 la cifra se elevó a 141.066.