Por el momento nadie se anima a evaluar las proyecciones que tendrá la investigación de La Dársena. La jueza María del Carmen Bravo ordenó ayer la detención del segundo de la Subregional de Loreto, una de las ciudades ubicadas a 60 kilómetros de la capital. La detención del comisario Julio César Galván está vinculada a la cadena de encubrimiento que operaba para proteger a los policías de la Secretaría de Informaciones involucrados en el crimen.
Al mediodía, otra parte del capítulo La Dársena obtuvo uno de los cierres: los peritos que trabajaban en la inspección del zoológico de Musa Azar pusieron fin a esta primera parte del trabajo. Los restos óseos encontrados, que ya fueron examinados por un antropólogo, ahora serán inspeccionados por forenses de la Capital Federal. Y está determinado que son restos humanos.
Pero también hubo sorpresas: en lo que aparece como una nueva estrategia defensiva de los hombres que respondían a Musa Azar –y también del propio ex funcionario–, dos de los policías que habían confesado su participación en el crimen de Patricia Villalba dijeron que todo lo que habían declarado no es cierto y que fueron obligados a hacerse cargo de esa muerte bajo torturas.
Pablo Gómez, incluso, sostuvo que un guardaespaldas de la jueza María del Carmen Bravo lo torturó durante un interrogatorio para que se autoincriminara. Según su abogado, le practicaron el submarino seco. Héctor Albarracín, en tanto, rectificó su declaración con el argumento de que confesó en medio de apremios ilegales y torturas que habrían durado seis horas.
Con las novedades sobre los detenidos, se supo que concluían los trabajos sobre la reserva ecológica de Musa Azar, la finca de siete hectáreas en la que esta semana se encontraron algunas piezas de falanges de manos y de un pie. El campo fue inspeccionado por Enrique Prueguer, el perito criminalístico contratado por el Tribunal Superior para trabajar en este caso. Ayer, cuando abandonaba el zoológico, aseguró que algunas de las piezas partirían a Buenos Aires. En la Capital se harán las pruebas genéticas que determinarán si se trata de huesos de Leyla Bshier o si se trata de alguna otra víctima. Esa alternativa promovió el miércoles una presentación de los organismos de derechos humanos locales que sospechan que el zoo pudo haber servido como centro clandestino de detención.