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La Luna, que será testigo del desembarco de astronautas estadounidenses en 2015, es objeto desde hace varios años de emprendimientos inmobiliarios por parte de empresarios de Estados Unidos, todos ellos al límite de la legalidad. La Lunar Embassy, cuyo presidente Denis Hope presentó en 1980 una declaración de propiedad sobre la Luna y otros ocho planetas ante las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Soviética, se atribuye ser la única agencia inmobiliaria habilitada legalmente para vender parcelas en la Luna, Venus o Marte. El anuncio del relanzamiento de la conquista espacial se tradujo en un súbito interés por este tipo de adquisiciones.
“Registramos casi una veintena de pedidos diarios desde comienzos de mes”, aseguran en esta agencia inmobiliaria instalada en Gardnerville, Nevada. “Contrariamente a Bush, nosotros colonizaremos la Luna de aquí a tres años y no veinte”, se entusiasmó Denis Hope al confiar en el futuro próspero de su empresa creada hace más de veinte años sobre la idea de hacer negocios en otros planetas.
En sus 23 años de existencia, la firma vendió parcelas lunares, o mejor dicho, certificados de propiedad, a unos 2,35 millones de clientes que representan casi 1640 millones de metros cuadrados por un total de 6,75 millones de dólares, según consigna. Un lote de 4000 metros cuadrados de terreno lunar se vendió en 29,79 euros (sin impuestos) en Europa. Las transacciones se concretan principalmente a través de Internet. En California, la empresa Lunar Republic Society, lanzada en 1999, también presentó una declaración de propiedad sobre la Luna y afirma que ya lleva vendidos un millón de metros cuadrados a unos 400.000 clientes.
“La apropiación del espacio, que comprende a la Luna y otros planetas, está prohibida según el Tratado del Espacio extraatmosférico firmado en 1967 y ratificado por más de 90 países, entre ellos Canadá, Francia, Rusia y Estados Unidos, así como por el Tratado de la Luna de 1979”, explicó Ram Jakhu, profesor del Instituto del Derecho del Aire y el Espacio de la Universidad McGill de Montreal. Las dos inmobiliarias en cuestión dan vuelta el argumento en su favor y afirman que los textos prohíben un ejercicio de la soberanía por parte de los Estados sobre estos nuevos espacios a conquistar, pero no la apropiación con fines comerciales por parte de los individuos. “Además el derecho de propiedad debe, para ser válido, ser reconocido por una ley nacional y según mi conocimiento no hay ningún país que ofrezca una base legal”, subrayó Jakhu.