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Por Norma Giarracca y Miguel Teubal*

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores contabiliza alrededor de 1,2 millón de personas ocupadas de mano de obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco. Después de los desocupados, los trabajadores rurales –que mayoritariamente comparten en el año ambas condiciones– constituyen el sector social más castigado de la Argentina. Sólo un pequeño núcleo de permanente-calificados que maneja maquinarias de gran valor como las cosechadoras, los helicópteros fumigadores o modernos tractores participa de los beneficios del milagro agrario productivo posdevaluación. El resto sigue en precarias condiciones laborales y de vida.
El trabajador temporario que migra, conocido como golondrina, se desplaza durante el año por las producciones que son mano de obra dependiente. El ritmo de los calendarios agrícolas de las diferentes regiones del país marcan sus vidas y sus labores. Tucumán es una de las provincias que más aporta a este volumen migratorio y los destinos preferidos son Balcarce, Buenos Aires, Mendoza y Río Negro. Se calcula que entre 10 y 15 mil tucumanos migran en el período interzafra y la mayoría de ellos participa en la cosecha de manzanas y peras del Valle de Río Negro que presenta un importante déficit de mano de obra local. Con esta finalidad, muchos de ellos renuncian a sus planes sociales ya que, generalmente, les ofrecen contratación formal con pago de salario familiar.
En Tucumán son zafreros que articulan sus ciclos con otras cosechas, planes laborales y la migración en los meses de verano. Son hombres jóvenes, adultos y algunos pocos que rozan la edad jubilatoria. En los últimos años viajan sin sus familias pues las condiciones de vivienda son cada vez más precarias. Tucumán es una de las provincias de mayor índice de desocupación y la situación de los trabajadores rurales empeoró al ritmo de la introducción de la cosechadora integral de caña que llevó el requerimiento de trabajo de 15 a 0,6 jornales por hectárea. La sobreoferta de mano de obra, el desbaratamiento de las organizaciones gremiales por parte de la última dictadura y el clima neoliberal que justifica a rajatabla la precarización laboral, permiten comprender no sólo el incremento de las migraciones interzafra sino el sentido que han tenido para estos trabajadores que intentan escapar a este destino provincial.
Los trabajadores tucumanos que eligieron en el verano del 2004 la economía frutícola del Valle de Río Negro como destino de llegada migratoria, corrieron distintas suertes. Valoran cobrar el jornal de convenio y las prestaciones familiares pues en su lugar de origen se gana miseria. Un trabajo que llevamos a cabo en 1999 mostraba que sólo el 30 por ciento de los zafreros tenía en regla la condición laboral. En la economía valletana el trabajo en blanco está más extendido aunque las tareas de recolección de manzanas y peras caídas en el suelo que llevan a cabo mujeres y niños escapa a la regla. Ese es el gran circuito de trabajo negro.
Otra práctica habitual del empresariado rionegrino es pagar sólo parte del sueldo en blanco. Existen “supuestas cooperativas” que se ocupan de mantener personal sin protección laboral. No obstante, en las grandes empresas los trabajadores temporarios alcanzan a ganar 700 pesos mientras que en las chacras medianas sus salarios rondan los 500 pesos al mes. El trabajador tucumano puede girar una o dos veces 100 o 150 pesos a su familia, pagar su pasaje de regreso y llevar algo de dinero para “tirar” hasta el comienzo de la zafra a mediados de junio. De junio a octubre reanuda el ciclo: esos meses la zafra, luego la cosecha de limón o de tabaco, intercalado con planes sociales.
No obstante, no es sólo el salario lo que hace a la diferenciación social del grupo de migrantes. Lo que marca una diferencia sustancial son las condiciones de vida. Se pueden recorrer algunas chacras donde lascondiciones sanitarias y de vivienda que se ofrecen a los trabajadores no pasarían las mínimas inspecciones del Ministerio de Trabajo ni una mirada atenta desde la Secretaría de Derechos Humanos. Explotaciones donde 20 o 30 trabajadores se amontonan en tres o cuatro cuartos sin puertas ni ventanas, sin cocinas ni duchas o baños.
En el sector agrario próspero y promisorio así están las cosas. La festejada soja no incorpora trabajo –más bien lo expulsa– y las producciones que son mano de obra dependiente están a cargo de agentes económicos que siguen pensando como en los años del reinado neoliberal: el trabajo es la variable de ajuste. La economía sigue funcionando en base a la desocupación que deprime los salarios y a la superexplotación de los trabajadores en actividad.
Lo que ocurre en el sector agrario con su deslumbrante crecimiento, demuestra una vez más que la teoría del derrame es absolutamente falsa. Para superar la pobreza y las condiciones de trabajo indignas no sólo se requiere crecimiento productivo sino otro tipo de decisiones. Es necesario alertar que a pesar de los logros económicos, de la suba del 8,7 por ciento del 2003, aún están pendientes las decisiones que hacen a la distribución de los ingresos y al crecimiento de puestos de trabajos con condiciones laborales y de vida dignas.

* Docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Miembros del Foro de la Tierra y la Alimentación