Como diputado nacional me abstuve de acompañar la denominada “ley cerrojo” que supuestamente impediría cualquier modificación de la oferta actual a los acreedores de la deuda argentina. Las razones son las siguientes:

1) Se trata de un proyecto extemporáneo. Si el Gobierno creía que con la participación del Parlamento (tal cual señala la Constitución) se fortalecía la capacidad de negociación frente a las presiones de los acreedores, lo lógico hubiese sido constituir la tantas veces reclamada Comisión Parlamentaria sobre la Deuda Externa e integrar al Parlamento en el proceso de negociación desde un comienzo. En realidad, lo que la Constitución indica es que las estrategias, políticas y pautas a seguir deben ser definidas por los legisladores actuando el Ejecutivo como agente de esas decisiones. Nada de esto se hizo, y mal se puede pretender involucrar al Parlamento cuando todo ya está definido. En todo caso se trata de una estrategia que refuerza el papel casi caricaturesco que el Gobierno le otorga a esta institución.

No obstante, y para que se perciba que esto no configura un cuestionamiento formal, vale agregar que al no haberse hecho lo expuesto se le está pidiendo al Parlamento que actúe y defina sobre algo que desconoce. Ejemplo: hemos reclamado junto al diputado Mario Cafiero el contrato entre el gobierno argentino y el banco de Nueva York, institución ésta encargada de recibir los bonos viejos que luego serán canjeados. ¿Por qué preocupa este punto? Simple, en otros canjes se ha aceptado una cláusula donde el canje termina siendo provisorio. Es decir, frente al incumplimiento eventual y futuro del nuevo bono, el acreedor recupera el bono anterior sin quita. El Parlamento argentino votó días pasados careciendo de esta elemental información. Por esta primera razón me abstuve.

2) Se trata de un proyecto confuso. Si bien se ha instalado mediáticamente que este proyecto impide toda modificación en favor de los acreedores, en la práctica tal formulación no existe en la ley votada. El artículo 2 sólo dice que no podrá reabrirse el canje. Eufemismo que no resuelve el problema, ya que mientras el canje dura de acuerdo al prospecto presentado por el Ministerio de Economía se pueden hacer todas las modificaciones que se quiera. Es más, ante la propuesta que formulamos más de treinta diputados de que se incluyera explícitamente la idea que circula en los medios (“no se modificará la oferta en favor de los acreedores”) y que no existe en la ley, la bancada oficial no lo aceptó. Es decir, la ley votada ni siquiera garantiza que Lavagna deje de hacerles concesiones a los acreedores tal cual ha sido su práctica desde Dubai hasta aquí. Por esta segunda razón me abstuve.

3) No comparto la estrategia de negociación adoptada, ni creo que sus resultados resuelvan el problema del endeudamiento. Para ser precisos, existen dos modos de encarar el problema de la deuda. Politizar la cuestión o mantener el tema en el terreno de una reingeniería financiera. En el primer caso se trata de transformar la deuda en un eje de movilización nacional buscando constituir una coalición política que estructurada en torno a la defensa de un proyecto de desarrollo subordine la discusión y atención de la misma a esta decisión nacional. En este caso, la investigación sobre qué deuda hay que pagar y cómo, le otorga al Parlamento un lugar clave. Supone considerar las más de 470 irregularidades identificadas por el juez Ballesteros, implica esgrimir la tesis de la deuda odiosa para el caso de la dictadura, propone atender los cuestionamientos judiciales vigentes al megacanje de Cavallo, implica poner en discusión la “fuga de capitales” utilizando la información disponible y generada por la Comisión Parlamentaria respectiva (que indica que en 2001 se fugaron u$s 29.000 millones los cuales han sido identificados en el caso de particulares, empresas y bancos). Masa de fondos que si se transformara en base para el pago de impuestos reduciría el peso de la deuda sobre el desarrollo argentino. Supone poner en debate el papel de los organismos multilaterales y en particular del propio FMI, que en su Carta Constitutiva entiende como ilegal el otorgamiento de créditos que sirvan para fugar capitales, lógica que gobernó los préstamos del Fondo en el final de la convertibilidad.

Todas estas cosas, que implican politizar el endeudamiento, hubieran permitido dar de baja parte de la deuda (por lo cual la reducción de la misma hoy sería mayor) y hubieran permitido obtener recursos de los que lucraron con la deuda para aminorar el peso de la misma. Esto no se hizo, se optó por la variante “financiera”. Las consecuencias son: al Fondo y los multilaterales se les paga todo y mas aún (en los últimos dos años u$s 10.500 millones); se compensó a los bancos locales y extranjeros que operan en la plaza argentina (u$s 14.600 millones); se garantizó el negocio del régimen privado de fondos de pensión hipotecando el futuro previsional. En razón de esto, la quita a obtener con el éxito del canje no superará el 30% de la deuda total, el endeudamiento que quedará será casi equivalente al PBI de un año, y los compromisos superarán los que nuestro país asumiera durante los ‘90. Por eso me abstuve.

Por estas razones, porque los factores de poder internos y externos están integrados en esta “resolución del problema” es que el canje será exitoso. Pero este éxito no debería confundirse con el éxito del país. El acuerdo (pacto) expreso entre radicales y justicialistas, el aval de López Murphy y de Mariano Grondona así como el apoyo de la derecha parlamentaria en el Senado y los respetuosos cinco votos en contra que ésta planteó en Diputados, son algunos de los indicadores de que el problema de la deuda no se ha resuelto a favor de la sociedad argentina y que corresponderá volver a encararlo. Por todo esto me abstuve de acompañar el proyecto oficial.

* Diputado nacional - Mesa nacional de la CTA.