El gobierno nacional, a través de una intensa campaña, está proponiendo a los acreedores del mundo su oferta de reestructuración de la deuda. Mucha agua pasó bajo el puente desde aquella Asamblea Anual del FMI en Dubai en que se ofreció una agresiva quita de capital, propuesta de pago que fue luego duplicada con el “plan Buenos Aires” en junio de 2004.

Mientras tanto la Argentina vino desarrollando una política autónoma, sin ningún ingreso neto de capitales del exterior, lo que permitió un despegue de crecimiento genuino que muy pocos imaginaron.

Tras la propuesta Buenos Aires, el Gobierno rechazó las presiones por mayores pagos, con el argumento de que la mejor muestra de buena fe es no firmar lo que no se pueda cumplir.

En un reciente encuentro en Nueva York, con inversores, analistas y economistas de algunas de las más conocidas universidades, percibí que su preocupación no era tanto la quita sino qué podrán hacer con los bonos que recibirán tras el canje de deuda. Esta situación me dio la oportunidad de pulsar qué recepción podría tener una propuesta que vengo defendiendo hace tiempo y que fue la base de desarrollo de la construcción en 1984/85.

Es necesario un cambio del rol de los acreedores para convertirlos en inversores. No existe duda de que la única forma de pagar la deuda es produciendo, de forma tal que el crecimiento y desarrollo del país garantice el retorno necesario para honrar la deuda.

Teniendo en cuenta que la función de producción y crecimiento está vinculada directamente a la inversión, debemos generar un shock de confianza recíproca entre la actividad privada y el Gobierno sobre bases que permitan lograr ese objetivo. Una vía efectiva e inmediata para ello sería rescatar la deuda argentina emitida en cualquier moneda: recomprándola en moneda local al tipo de cambio del día de la operación -afectada por un “coeficiente”– y sólo para ser invertida en proyectos productivos en el país, libremente elegidos por el inversor de forma que le generen un flujo de retorno que pudiera ser eventualmente securitizado, con todas las garantías que ello supone.

Aprobado el proyecto de inversión productiva en el que se haya asignado el coeficiente y las pautas de liquidación por avance del mismo, la autoridad competente irá comprando los títulos en la fecha en que se devenguen los desembolsos, como fuera mencionado, logrando de esa manera valorizar su inversión y reducir el plazo de reintegro al plazo del proyecto.

De esta forma el gobierno nacional, a través del “coeficiente del proyecto”, puede orientar las inversiones en función de sus prioridades en distintos sectores y regiones de acuerdo al interés nacional a través de este incentivo, de manera que se amplíe el menú de opciones a seleccionar por los inversores privados.

Va de suyo que tanto las tareas de evaluación, calificación del proyecto, así como la verificación durante el período de desarrollo, pueden ser tercerizadas hacia entidades profesionales de larga y probada trayectoria, sin que ello signifique gasto para el Estado, puesto que los honorarios serían absorbidos por el inversor.

Este incentivo debe estar orientado tanto a sectores exportadores e industriales como a la construcción que, además del valor agregado que generan, absorben mano de obra y producen un impacto redistributivo en la economía.

Debe tenerse en cuenta que si la compra anticipada de los bonos de la deuda argentina requiriera emisión, la misma tendría su contrapartida en el incremento del nivel de actividad productiva general, por lo que quedarían neutralizadas sus posibles influencias en el nivel general de precios de la economía.

En 1984 tuve la responsabilidad de diseñar y conducir el “Plan Construir para la Vivienda” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en base a la utilización de los títulos VAVIS (Valor Vivienda) creados a tal efecto. Estos bonos vincularon por primera vez al mercado inmobiliario con elmercado bursátil, y sentaron las bases de la actual securitización de hipotecas.

* Presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.