La estabilidad de precios que se registró en la última semana de enero y la levísima alza que hubo en la primera de febrero permiten arriesgar que el repunte en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año tuvo efectivamente que ver con motivos estacionales y casos puntuales y que se confirmarían los vaticinios que señalan que este mes se volverá a un número de cero y pico por ciento.

De todas maneras, lo que sucedió el mes pasado con el IPC azuzó algunos temores no infundados para lo que resta del año e inspiró a algunos interesados a agitar fantasmas, en su mayoría desmesurados aunque difícilmente tengan nexos con una conspiración de acreedores como sugirió el presidente Kirchner. Existen objetivamente tres causas de inflación que podrían activarse o acelerarse en cualquier momento. En primer lugar, están los ajustes tarifarios pendientes en casi todos los servicios públicos que, tarde o temprano y en mayor o menor magnitud, pero a todas luces casi seguro, el Gobierno va a ir autorizando con el correr de las semanas o a lo sumo meses. No es necesario abundar sobre el impacto generalizado y los efectos cascada de esos incrementos.

A eso se suman los potenciales efectos del crecimiento económico, tanto por un empuje de la demanda doméstica sobre una oferta más inelástica (debido a que cierta morosidad en la inversión podría agotar la capacidad instalada en algunos sectores), como por el mantenimiento de algún nivel importante de superávit externo que induzca al Gobierno a seguir acumulando reservas con su contrapartida de expansión monetaria y su consecuente riesgo de sobreestimular el nivel de actividad. La intervención complementaria y en algunos días predominante del Banco Nación por sobre el Central en la compra de divisas es una clara muestra de preocupación que hay por minimizar este riesgo, sobre la base de que la entidad que preside Felisa Miceli compra dólares con pesos ya emitidos.

Y en tercer lugar hay que agregar la puja distributiva que ha comenzado a evidenciarse tímidamente en algunos sectores y con algo más de fuerza en otros, que se apoya y justifica en buena medida en el intento de recuperación de la pérdida acumulada en el salario real, que según los datos del Indec acumula un promedio del 15 por ciento desde 2001, aun cuando el año pasado hubo una leve recuperación del 3 por ciento en el poder adquisitivo.

A propósito de la renovada disputa por la distribución del ingreso, es hora y además conviene tener en cuenta que en un mundo que se globaliza a velocidad creciente el proceso de lucha por el reparto es cada vez más un proceso a escala mundial. La brusca aceleración en el movimiento de capitales, de índole financiera pero también y fundamentalmente de carácter productivo, le ponen un marco y condicionan cualquier disputa de alcance nacional.

En este sentido, lo que está sucediendo en China e India, que año a año vienen incorporando al proceso productivo a decenas de millones de individuos que cobran salarios miserables y que por la magnitud de su población lo pueden seguir haciendo por mucho tiempo más, es un aspecto crucial. Por un lado, porque establece una monumental plataforma de competencia de bajo costo para el resto del mundo, pero además porque esomismo convierte a esos dos países en succionadores de capacidad productiva que se muda para aprovechar esa ventaja.

Es muy ilustrativo de este fenómeno un estudio que acaban de publicar Kate Bronfenbrenner y Stephanie Luce, investigadores sobre relaciones laborales de las universidades Cornell y Massachusetts, respectivamente. El trabajo titulado “Offshoring: The evolving profile of corporate global restructuring” (Offshorización: la evolución del perfil de la reestructuración global de las corporaciones) calculó que sólo en los Estados Unidos las mudanzas de plantas productivas implicaron la pérdida de cerca de medio millón de puestos de trabajo, el doble que tres años antes. China, India y por obvias razones geográficas también México fueron los principales receptores de tales relocalizaciones, que abarcan desde empresas manufactureras de diversa complejidad (firmas de confección como Levi’s o de acondicionadores de aire como Carrier que se mudaron a China) hasta compañías de servicios que emplean básicamente trabajadores de cuello blanco como la multinacional de auditoría Accenture (ex Andersen Consulting, que reubicó miles de personas en India) o la mismísima IBM

Una primera lectura desde la Argentina de estos procesos conduce a dos conclusiones que pueden parecer contradictorias. Por una parte resulta inevitable reflexionar sobre los límites cada vez más estrechos que la globalización y la agilidad del capital para moverse imponen al reclamo salarial, entre otros varios condicionamientos.

Pero al mismo tiempo, los bajísimos salarios y la enorme población de los principales destinatarios de las relocalizaciones ponen en evidencia la inviabilidad de estructurar modelos productivos cuya competitividad dependa de mantener deprimidos el costo laboral. En eso, a los chinos e hindúes no hay con qué darle.