Cash en Bolivia
Por Veronica Gago
Desde El Chapare, Bolivia

Desde fines de los ’90, Bolivia recibe un promedio de ayuda internacional de 500 millones de dólares al año para el desarrollo alternativo. En la zona tropical de El Chapare situada en el departamento de Cochabamba, centro de producción de coca y base territorial del MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, esto significó una sola cosa: cambiar el cultivo ancestral de coca por productos tales como banana, maracuyá, palmito, ananá y pimienta.

Este experimento de cultivos “alternativos” fue impulsado en la región como parte de un plan más amplio de erradicación forzosa de la coca que fue bautizado con el nombre de “Plan Dignidad” por el ex presidente Hugo Banzer. Ese plan, que comenzó en 1997, tuvo una doble estrategia: por un lado intentar bajar el precio de la coca para volver atractivos los cultivos sustitutos y a la vez imponer a los campesinos y a sus comunidades la erradicación como condición para acceder a los cultivos de reemplazo. El certificado formal de erradicación era indispensable para acceder a créditos, semillas, asesoramiento técnico, infraestructura. Como elemento de coacción para que los campesinos se vuelquen al desarrollo alternativo se impuso la ley 1008 por la cual se penaban el cultivo y consumo de coca.

Sin embargo, la evaluación actual del desarrollo alternativo es rotunda: todos en la zona, desde los campesinos hasta las autoridades locales, coinciden en que ha sido un fracaso.

Los productos alternativos empezaron a acumularse sin encontrar ni los circuitos de distribución ni los mercados prometidos. “El kilo de piña valía centavos, se pudría en nuestras casas”, comenta Iván, de la comunidad de Chipiriri, hoy dedicado al turismo. “Lo mismo pasaba con el palmito –continúa Iván–, además de que aquí nadie lo consumía.”

En comparación con la coca, que permite hasta cuatro cosechas al año, los cultivos alternativos se volvieron completamente inviables para las economías familiares de los cocaleros. Distintos campesinos de la zona coinciden en que quienes confiaron en la oferta del gobierno rápidamente se quedaron sin ingresos. “No había circuitos de distribución ni de venta organizados. Nos obligaron a dejar la coca por nada”, comenta Julio, del sindicato de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, donde empezó su carrera política Evo Morales como secretario de deportes.

El proyecto del desarrollo alternativo no es del todo descartado por el MAS. Según el intendente de Villa Tunari recién electo por esa fuerza, Feliciano Mamani, hoy se intenta articular una demanda por la hoja de coca a la vez que reorientar las políticas de desarrollo alternativo según las necesidades de la zona. Mamani sostiene que la reivindicación del sindicato cocalero es que a cada afiliado se le permita cultivar un cato de coca, es decir, una extensión de 40 metros por 40 metros, como primer paso para reconocer el consumo legal y tradicional que en Bolivia practican dos millones de personas de una población total de ocho millones.

“El objetivo es que en el trópico de Cochabamba tengamos seis mil hectáreas controladas por el movimiento”, explica el intendente. Este proyecto incluye una campaña que emprendió el propio municipio por industrializar la coca en productos que incluyen desde la harina al té de coca. Pero, a la vez, se aspira a combinar políticas locales con la cooperación internacional. “Si quieren poner plata para sembrar frutas tropicales en El Chapare, perfecto, pero que no lo coordinen con los gringos, que lo coordinen con nosotros”, sintetiza un asesor del intendente.

La referencia a los norteamericanos es compleja: de la ayuda internacional para el desarrollo alternativo sólo la quinta parte proviene de EE.UU., el resto lo aportan la Unión Europea y Japón. Sin embargo, como la zona es el territorio clave de la política contra las drogas, cualquier decisión de inversión en la región pasa por la aprobación del Estado boliviano, que a su vez siempre incluye la supervisión militar norteamericana. “Los franceses te pueden decir que te van a poner setenta millones de dólares para la producción de cítricos en El Chapare y los norteamericanos pueden decir que no y entonces Bolivia no va a aceptar. No es que los norteamericanos lo controlen directamente, pero sí que queda en sus manos una supervisión político-militar decisiva”, grafica el analista Luis Gómez. De este modo, lo que intenta el MAS, la segunda fuerza parlamentaria nacional y hegemónica en la zona, es poder decidir sobre los fondos de la cooperación internacional destinados a la zona que no provienen de Estados Unidos para –según opinan– viabilizar una estrategia de desarrollo alternativo consensuada por los campesinos y distanciada de los planes de penalización de la coca.