Por Juan J. Llach

En un trabajo reciente mostramos que el impacto total en el empleo de las cadenas agroindustriales es de 5,592 millones de puestos o 35,6 por ciento del total, incluyendo Plan Jefes. ¿Es mucho o poco? Es mucho si se lo compara con la imagen porteña de ser un sector poco empleador. Y es poco porque casi dos tercios del empleo de la economía no dependen de la agroindustria, por lo que aun suponiendo un escenario de crecimiento del sector es obvia la necesidad de impulsar también el desarrollo de la industria manufacturera, la construcción, el turismo y los servicios.

El trabajo que hicimos con María M. Harriague y Ernesto O’Connor dividió este impacto en tres rubros. El empleo agroindustrial directo, de 2,751 millones o un 17,5 por ciento del empleo total. El empleo indirecto 1, generado por la demanda neta de insumos del sector, de 971 miles, 6,2 por ciento del total. Tercero, dado que nuestro propósito no era medir las personas ocupadas sino algo distinto, que es el impacto total en la generación de empleos, incluimos también el empleo indirecto 2, generado al gastarse los ingresos originados en las cadenas y que alcanza a 1,870 millones de personas, 11,9 por ciento del total.

En su crítica publicada en Cash (sección Agro, 18 de septiembre de 2005), Javier Rodríguez dice que nuestra medición incurre en duplicaciones al incluir a personas que trabajan en otras cadenas de la economía. Lamentablemente, la crítica no cita nunca la segunda parte del trabajo, que es crucial para entenderlo. Analizando la totalidad de las localidades de la Argentina pudimos determinar que un 35,1 por ciento de la población del país vive en lugares predominantemente agropecuarios o agroindustriales o, viviendo en otro tipo de ciudades, trabaja directamente en agroindustrias. No es casual que el porcentaje coincida exactamente con el anterior, porque ambos miden lo mismo.

Cualquier persona que haya recorrido el país o que viva en el interior sabe perfectamente que son muchísimas las ciudades y pueblos, por no hablar de zonas rurales, cuyos empleos e ingresos dependen de lo que ocurra en el sector agroindustrial, ya sean remiseros u hoteleros (inclusive de alojamientos), ferreteros, peajistas y cuanto pueda imaginarse. Esto fue lo que procuró medir el trabajo, y por ello no incurre en ningún tipo de duplicaciones.

No puede confundirse la matriz de insumo-producto, un artificio metodológico, con la realidad. Los datos que suministra la matriz se pueden agregar de muchas otras formas, además de las que ella provee. ¿Se justifica usar para la agroindustria un criterio de impacto en el empleo como el que usamos, más amplio que el que sería legítimo para otros sectores? Nuestra respuesta es que sí se justifica y la razón es muy obvia: la localización. La matriz de insumo-producto no mide ni “conoce” la realidad sociogeográfica del país, pero nosotros sí tenemos la obligación de conocerla. Y sabemos que el espacio no es apenas una fricción, como en la economía neoclásica, sino una realidad que sólo marginalmente ajusta por las migraciones internas.

Otra crítica incorrecta de Javier Rodríguez es hacernos decir que la inflación genera empleo. La realidad es que, dado que la matriz está a precios de 1997, estimamos el impacto adicional en el empleo originado en el cambio en los precios relativos del año 2003, no en la inflación. De nuevo, cualquiera que recorra el país sabe que desde el casi pleno empleo observado en muchas localidades hasta las nuevas aceiteras o puertos del Paraná no hubieran ocurrido sin la devaluación real del peso.

Por último, el crítico nos imputa la intencionalidad de haber hecho el trabajo para justificar una eventual eliminación de las retenciones. Tampoco es cierto. En verdad lo hicimos como un aporte que ayude a encontrar estrategias de desarrollo que integren al campo, la agroindustria, la industria y los demás sectores. Demasiado mal nos ha ido como país cuando se ha favorecido a unos a expensas de otros.