Los dilemas de política en materia de precios de la carne no son sencillos. Hay algunos datos esenciales a tener en cuenta. El primero, como con alguna razón argumentan los empresarios, es que en una economía capitalista abierta la regulación de precios no puede mantenerse de manera permanente sin producir desequilibrios internos. El segundo es que el problema de la aftosa en Brasil, si no cruza las fronteras, es una buena noticia para los productores argentinos, pues podrán sustituir la oferta brasileña en los mercados internacionales. Estos aspectos ya fueron tratados por Cash. Pero el círculo no es virtuoso. La mayor demanda externa no puede ser acompañada sincrónicamente con el aumento de la producción local. Exportar más, muy probablemente con mejores precios, significa, como bien lo demostró el comportamiento del mercado durante 2005, menor consumo interno. Desde el punto de vista social, el recorte del consuno de carnes bovinas afecta en particular a los sectores de menores ingresos. En pocas palabras: todas las condiciones objetivas apuntan al aumento del precio de la carne vacuna empezando por el mercado doméstico. Esta realidad se yuxtapone al boom exportador, que todavía no es productivo, pero que no deja de producir reacomodamientos importantes en las relaciones de propiedad de los frigoríficos locales, los que rápidamente están pasando a manos extranjeras, especialmente brasileñas.

El temor empresario, que ya comenzó a ser expresado a viva voz por los canales habituales, es que el Ministerio de Economía opte por aumentar las de hecho inexistentes retenciones a las exportaciones sectoriales. Hoy la carne que va al exterior paga por retenciones un 5 por ciento de la facturación, porción que luego es devuelta por tratarse de mercancías empacadas en unidades de menos de 5 kilogramos. De esta manera, las retenciones sólo conllevan un costo financiero; las devoluciones tienen una demora.

Un segundo punto desde la perspectiva de las empresas es que la mejora de las condiciones objetivas del mercado no podrían haber ocurrido en peor momento. La posibilidad de aumentar precios sucede justo cuando la preocupación número uno del Gobierno en materia económica no son ni los vencimientos de deuda, ni el mercado de trabajo, ni la reducción del superávit de la cuenta corriente, sino, precisamente, la inflación. Dado que la carne es uno de los componentes clave de la canasta básica alimentaria, el temor empresario de que el Gobierno utilice la política fiscal para evitar el agravamiento de los indicadores sociales tiene bases sólidas.

Para las firmas exportadoras, retenciones de por ejemplo un 10 por ciento adicional se llevarían buena parte de las ganancias extraordinarias que ya contabilizan. Por eso, las empresas decidieron pasar a la ofensiva y esta semana consensuaron una propuesta “políticamente correcta”: mantener relativamente congelados los cortes más baratos de consumo popular a cambio de dejar vía libre al resto, los de más alta calidad, la crema del negocio exportador. De esta manera, argumentan, los pobres no verían afectado su consumo y el negocio exportador no sufriría restricciones en su dinámica de crecimiento. Si bien los más pudientes deberán pagar más por el kilo de lomo, ello dista de ser un problema político. La única externalidad negativa alcanzaría, si todo funciona bien, a los sectores de ingresos salariales medios, quienes quizá deban resignar en parte el consumo de los cortes de mayor calidad. Según los representantes de la industria frigorífica, esta situación representará un incentivo para el desarrollo de la producción sustitutiva, como las carnes blancas y porcinas.