Después de grandes esfuerzos oficiales para celebrar un acuerdo con todos los actores de la cadena cárnica, éstos se avinieron a suscribir el compromiso de mantener los precios hasta fin de enero. Mientras, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga presuntas prácticas anticompetitivas en el Mercado de Liniers, maniobras que el presidente de la Cámara de Consignatarios, Carlos Pujol, negó, como no podía ser de otra manera, ante Cash.

¿La baja de precios que tuvo la carne en Liniers durante los últimos días es producto del acuerdo con el Gobierno?

–Hubo una fuerte entrada de animales en el Mercado de Liniers porque en esta época se hacen remates de fin de año y esto genera una sobreoferta. Los exportadores no están operando con normalidad por la suba de retenciones.

¿Subió la oferta?

–La semana pasada fue record en ingreso de vacunos. El mercado está más tranquilo porque hay menos demanda. Lo que quería el Gobierno con el acuerdo era desalentar expectativas inflacionarias y lo consiguió.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está investigando supuestas prácticas anticompetitivas y quizá las visitas de los inspectores también alientan una mayor oferta.

–Eso no es así. Hubo denuncia del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y Defensa de la Competencia inició una investigación. Pero nosotros estamos demostrando que los supuestos son falsos. La presunción del Gobierno era que quienes no vendían en remate público generaban un aumento de precios, algo que es absolutamente falaz.

¿Por qué?

–Porque nadie puede vender por encima de lo que el comprador está dispuesto a pagar. Las ventas al oído o particulares (no en remate) son una forma de vender que se utiliza desde siempre.

La Comisión también plantea que existe un manejo muy concentrado del mercado, ya que el 40 por ciento de las operaciones está en manos de un reducido grupo de consignatarios.

–No es concentración. El 40 por ciento del volumen comercializado pertenece a las casas que rematan, mientras que el 60 por ciento restante corresponde a las operaciones de oído. Los operadores compran volumen y no a determinadas casas. El demandante es el que pone los precios.

Se les señalaron otras prácticas distorsivas, como iniciar un remate con un precio fijo y suspenderlo si no hay ofertas con esa base para evitar que baje el precio.

–No es así. Como en todo remate, el consignatario, que defiende al productor, pide un valor hasta que encuentra un precio de equilibro. Si considera que no lo encuentra, intenta cerrar un acuerdo particular.

¿La suba de retenciones ayuda a disciplinar los precios internos?

–Genera disturbios que pueden ser favorables, primero, pero perjudiciales después. El mercado siempre ajusta para acomodar las cosas a la nueva realidad. Si no se puede exportar, en mediano plazo habrá escasez de cabezas. Los inversores salen del negocio, lo que disminuirá la oferta y subirán los precios.

¿Eso significa que el boom exportador no contribuyó a suba de precios?

–No. Lo que subió la carne en el último año fue el mayor consumo interno por la mejora en el poder adquisitivo. Apenas mejora la capacidad de compra, se vende más carne. En Mendoza se hizo una prueba piloto hace poco. Primero se bajó el precio del pollo y con ello el consumo subió un 20 por ciento. A la semana siguiente se abarató la carne, y las ventas subieron un 80. Esto habla de las preferencias argentinas.

¿Cómo es posible sostener un acuerdo de precios cuando la venta en el mercado interno está muy atomizada, ya que casi el 80 por ciento se vende en carnicerías?

–Por eso el acuerdo no soluciona nada en el mediano plazo. El problema en la ganadería es la falta de stock y de productividad.

¿Y después de enero?

–El Gobierno aspira a extender los acuerdos unos meses más. Hay que ver en qué condiciones. Si la decisión es a costa de no exportar, será difícil.