La controvertida decisión de cancelar por anticipado la deuda con el Fondo Monetario Internacional convoca a una enriquecedora discusión sobre medidas y contenido. Entre forma y sustancia. Se trata de abordar de ese modo esa polémica, como otras que se dan en materia económica, porque es un camino menos pasional para comprender un poco más determinada dinámica económica y así poder limpiarla de las malezas de chicanas políticas.

La economía no es una ciencia exacta ni tiene recetas únicas e infalibles, como pretende hacer creer la corriente ortodoxa. Aunque, a veces, la heterodoxia cae en ese mismo vicio, por ejemplo cuando asegura que una asignación universal por hijo sacará de la pobreza a la mayoría o que esa iniciativa es un pilar fundamental de una mejor distribución del ingreso. Durante la década pasada se instaló la idea de que había una alternativa exclusiva para transitar el ansiado sendero del desarrollo. Política que tenían que aplicar todos los países de la región para no quedar fuera de lo que se denominó “el mundo”.

A partir de experiencias traumáticas, con los resultados ya conocidos, se sabe que los países en desarrollo que han sido exitosos en los últimos veinte años son los que siguieron sus propios lineamientos. Y, más importante aún, esas estrategias no necesariamente sirven para otros países, sino que cada uno debe diseñar políticas de desarrollo particulares. O sea, el contexto, local e internacional, como los protagonistas circunstanciales de ciertos procesos son factores a considerar y no a minimizar. Sería un error predeterminar la orientación de alguna medida quedándose solamente en el título. Por caso caracterizar una política como de ajuste o de regresiva, de recuperación de la soberanía o de progresiva, simplemente por un preconcepto ignorando el contenido y la complejidad de cada una de esas realidades es, por lo menos, miopía.

Es cierto que de esa manera es más fácil, que a la gente le gusta escuchar quién es bueno y quién es malo y que resulta sencillo de explicar en forma esquemática. Pero, en la práctica, no todo es como parece que es. Puede que sea más útil, a esta altura, precisar con ejemplos que las cosas no tienen explicaciones simples, sino que requieren de un poco de esfuerzo para comprenderlas.

El consenso mediático se alarma cuando se habla de aumento de tarifas. Está mal que haya suba de tarifas, se repite, como si fuera lo mismo la jubilada de Villa Lugano que la multinacional Techint. Es cierto que las privatizadas ganan plata, pero eso no significa que no se deba alterar el cuadro tarifario. En general, cuando aparecen resistencias a un alza de los precios de servicios esenciales para la población, esa oposición es una estrategia de los grupos económicos y de los consumidores residenciales acomodados que, montados en el “clamor popular”, buscan pagar “barato” el gas, la luz o el agua. Y son éstos, precisamente, los mayores consumidores de esos servicios. La insuficiencia de inversiones, para permitir la mejora o la ampliación del servicio a sectores marginados, se entiende en parte por la distorsión del cuadro tarifario. En conclusión, no es bueno ni malo un ajuste de tarifas, sino que la clave es cómo se realiza.

Los créditos subsidiados y las políticas oficiales de asistencia financiera son medidas que reciben la bienvenida de la mayoría. Se observa con admiración la experiencia de Brasil con su Banco de Desarrollo, la estrategia de apoyo al crecimiento de las empresas y el respaldo gubernamental para ganar mercados externos, con el polo industrial de San Pablo que es la envidia de la región. Se necesita un banco de desarrollo, se reclama, como si Argentina no hubiese tenido un Banade, entidad de fomento que fue canibalizada por los mismos que hoy piden su regreso. Un gobierno puede tener “buenas intenciones” implementando una política de subsidios (reducción de tasa de interés), pero si gran parte del cupo de esos créditos baratos queda en manos de grandes grupos económicos –que igualmente hubieran realizado esas inversiones–, se trata de una política con un buen título y un contenido distorsionado.

Con el gasto público y el superávit fiscal también se producen confusiones. No es lo mismo si aumentan las erogaciones del Estado para pagar deudas o si, en cambio, se utilizan esos mayores recursos para subir jubilaciones. La orientación de una medida es más importante que la medida en sí misma. El excedente de las cuentas públicas tiene un determinado origen si es logrado con ajuste en sensibles rubros del gasto público, como la inversión en obra pública o remuneraciones, y otro muy diferente si se obtiene cobrando impuestos –como las retenciones a las exportaciones– a los ganadores del modelo del dólar alto.

Existen varios casos más en materia económica que merecen la distinción entre forma y sustancia. Para no abundar, uno que ha despertado importantes controversias ha sido el pago anticipado al Fondo Monetario Internacional. Resulta evidente la injusticia de que se haya premiado a un organismo desprestigiado y corresponsable de la peor crisis económica del país. Antes, con la categoría de acreedor privilegiado, y ahora, sumando al beneficio de privilegiado el de afortunado por cobrar todo adelantado.

Ahora bien: no es lo mismo concretar pagos de deuda con ajuste de las cuentas públicas, como se hizo en los ’90 y que cosechaba los aplausos de la ortodoxia, que con reservas. Discutir qué otro destino podían tener esas reservas resulta más productivo que quedar atrapado en conceptos monetaristas sobre la cobertura del dinero en circulación. Al respecto, no es un hecho menor que esas reservas que serán giradas a Washington sean equivalentes al superávit fiscal, excedente que se obtuvo en gran medida con retenciones a exportaciones e impuesto al cheque. Durante muchos años, la izquierda y el denominado arco progresista reclamaban que la deuda la paguen los que más tienen. E incluso proponían una alícuota adicional de Ganancias para girar ese dinero recaudado a los acreedores. Las retenciones a las exportaciones, en los hechos, se parece mucho a esa medida reclamada.

El controvertido pago al FMI es una medida que en las formas provoca un sabor amargo, bastante desagradable. Mejor, entonces, quedarse con la sustancia, o sea en el origen de esos recursos.