Sólo este diario y aquel que mejor entiende y expresa los intereses del poder agropecuario supieron asignarle la correcta importancia relativa a las dos noticias tributarias que dejó la última semana del año para los bonaerenses. Mientras el resto destacó la aprobación de la ley que le otorga al vehemente subsecretario Santiago Montoya más herramientas para combatir la evasión, y en particular dedicó gran espacio a la colorida información sobre la facultad concedida para embargar autos caros de morosos pudientes, Página/12 y La Nación priorizaron a sus respectivas maneras el aumento en el impuesto inmobiliario rural, que fue sin lugar a dudas una novedad mucho más relevante que la anterior.

Se estima que el incremento (va de nada al 120 por ciento, según las zonas) en la alícuota del inmobiliario rural elevará su recaudación anual de 300 millones de pesos a algo menos del doble. Como era de esperar, los voceros del campo salieron a protestar por esta duplicación, omitiendo a sabiendas que lo que estaban pagando era obscenamente poco. Para tener una idea de proporciones, por el impuesto automotor la provincia venía obteniendo el doble que por el impuesto rural, siendo que el valor de la tierra bonaerense supera en varias veces el valor del parque automotor. La justificación a la suba también se apoya en la fuerte revalorización que han tenido los campos, junto con la notable recuperación de la rentabilidad del negocio agropecuario en general. Cabe señalar además que si bien la novedad va en sentido correcto en materia de equidad tributaria, la carga sobre el segmento más concentrado del sector continúa siendo baja, aun tomando en cuenta lo que efectivamente abonan de Ganancias, Bienes Personales y lo que implican las retenciones.

El aumento del inmobiliario rural exacerbó un enfrentamiento político en la provincia que por ahora no se disputa en terreno abierto. Si bien el ministro del Interior y precandidato a gobernador, Aníbal Fernández, se expresó en público respaldando la ley, simultáneamente y en privado –contaron a esta columna fuentes muy cercanas a Felipe Solá– el ex intendente de Quilmes acicateaba a varios de sus ex colegas para que criticaran la medida.

A nivel nacional, la novedad tributaria es que sigue sin haber novedades tras el cambio de ministro. Antes que nada conviene aclarar (como atinadamente se hace en el weblog La ciencia maldita) que la tan promocionada alza del 20 por ciento anual en la recaudación de la AFIP debe ser contextualizada en el marco de una economía que creció 9 por ciento y de una inflación que supera el 10 por ciento. En otras palabras, que la presión impositiva se ha mantenido en términos reales. Por supuesto que esto no contradice la extraordinaria holgura que sigue habiendo en materia fiscal.

Felisa Miceli no sólo ha mantenido el capítulo tributario del Presupuesto elaborado por Roberto Lavagna sino que, además, no se mostró demasiado apurada ni predispuesta a aplicar reformas que se conjuguen con el discurso oficial de redistribución del ingreso. Sin ir más lejos, ante el reclamo de los caciques de la CGT de aumentar el mínimo no imponible en Ganancias (el Presupuesto obliga al Ejecutivo a realizar cambios dentro de los próximos 120 días) para salvar a asalariados que ganan menos de 2000 pesos por mes, y de rebajar el IVA, la ministra condicionó la respuesta a la evolución de la recaudación.

Los entendidos dentro del Gobierno y no pocos economistas de variado pensamiento desaconsejan reducciones de gravámenes impositivos para los segmentos más postergados usando dos tipos de argumentos. Uno es que la economía funciona en condiciones tales que si se volcara mayor poder de compra se alimentaría un poco más el riesgo inflacionario. El segundo tiene que ver específicamente con el IVA (que es por donde debería comenzar una reforma progresiva) y se articula en la idea de que no se puede garantizar que una menor alícuota se traslade en beneficios para el consumidor y no sea apropiada por el productor o el comerciante.

Más que argumentos parecen excusas. Sobre el primero, nada impide realizar cambios tributarios que mejoren el poder adquisitivo de los que menos ganan sin recalentar el consumo ni atizar la inflación: basta con aumentar al mismo tiempo la carga sobre el resto para neutralizar el primer efecto.

En cuanto a la supuesta dificultad para garantizar que una rebaja selectiva e inteligente del IVA sea efectiva, funcionarios que consideran políticamente necesaria y conveniente la medida, y que conocen al detalle los aspectos técnicos del asunto, acercaron hace ya tiempo al máximo nivel del Gobierno un proyecto para que los puntos de menos del IVA vayan a los bolsillos correspondientes. La idea se basa en el uso de una tarjeta especial que, usada en comercios del sector formal (lo que de paso favorecería el blanqueo), acreditaría un beneficio fiscal que directamente reembolsaría el Estado.

Es verdad que la voluntad política sola equivale muchas veces a voluntarismo. Pero a menudo lo que frena el cambio no son los obstáculos técnicos sino la falta de voluntad política.