Dos acontecimientos han sembrado el conflicto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Ecuador en el último mes, desatando una situación que ahora toma aún más relieve ante el fuerte conflicto dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Por un lado, una sucesión de manifestaciones y bloqueos del movimiento indígena en alianza con distintos sectores sociales viene poniendo en cuestión las tratativas con Estados Unidos, con una agenda de protesta que incluye el pedido de caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY y la convocatoria a una asamblea constituyente. Por otro lado, la aprobación parlamentaria de unas reformas a la ley de Hidrocarburos que modificaron el reparto de regalías petroleras entre el Estado y las corporaciones ante el aumento del precio del crudo, hizo que los negociadores estadounidenses presionaran por su derogación para seguir con las rondas de acuerdos. El gobierno de Alfredo Palacio –que lleva un año de mandato– afronta este estancamiento del TLC de cara a las elecciones ecuatorianas de octubre próximo, mientras Perú ya firmó el tratado y Colombia concluyó sus negociaciones. “El movimiento indígena está preparando un levantamiento general en el caso de que se suscriba finalmente el TLC”, asegura el ex viceministro de economía y actual profesor universitario, Pablo Dávalos, en diálogo con Cash.

¿Qué está paralizando las negociaciones del TLC?

–Ecuador inicia las negociaciones con EE.UU. en mayo de 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Hay que indicar que las negociaciones del TLC siempre estuvieron vinculadas al Plan Colombia y a la necesidad de articular una agenda geopolítica en la región andina desde los intereses norteamericanos. Desde entonces se conformó una instancia denominada “Ecuador Decide” para evitar el TLC, aglutinando sectores industriales, comerciantes, campesinos y al movimiento indígena. En el movimiento indígena se hicieron talleres, insistiendo sobre todo en las mesas de propiedad intelectual, servicios transfronterizos, inversiones y una mesa agraria, ya que ellos tuvieron la percepción de que el TLC amenazaba no sólo su seguridad alimentaria, al poner en igualdad de condiciones la producción del agro-bussines norteamericano con la agroproducción ecuatoriana, sino que también estaba en juego el agua, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. El gobierno pospuso la ronda final para marzo después de unas masivas marchas en noviembre. En esta coyuntura de gran conflictividad política el gobierno presenta las reformas a la Ley de Hidrocarburos en las que propone una participación del 50 por ciento en los contratos petroleros y entonces el gobierno norteamericano decide suspender las negociaciones sobre el TLC.

¿Con qué argumentos se pensaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos?

–El principal es que los contratos de participación petrolera no contemplaban indemnizaciones de precios cuando el precio del barril de petróleo se incrementaba. Esos contratos se suscribieron en su mayoría cuando los precios del petróleo no llegaban a los 15 dólares, y se planteaba una participación del Estado por regalías que en el mejor de los casos llegaba a un 18 por ciento. Las corporaciones petroleras se habían negado insistentemente a una renegociación de los contratos y el gobierno amenazó con una ley de repartición del 50 por ciento de las regalías para presionarlas a negociar, pero aun así las corporaciones no accedieron.

¿Que implicaría para una economía dolarizada como la ecuatoriana la firma del TLC?

–Una primera aproximación está en el comportamiento de la balanza comercial luego de seis años de dolarización, en los que se inició un crecimiento sostenido y estructural de las importaciones de bienes de consumo. El panorama sería, entonces, una presión creciente sobre la balanza comercial, una necesidad progresiva de liquidez con una economía que no genera valor agregado y por tanto empleo, y que además tiene una moneda exógena y con precios relativos tan altos como aquellos de los países ricos, excepto para su fuerza de trabajo. En otras palabras, y ya en el mediano plazo, estaríamos ante la disyuntiva de una economía que tendrá que elegir entre mantener el tipo de cambio, es decir la dolarización, o la liberalización comercial, es decir el TLC con EE.UU.