La aguda dependencia de Uruguay con la papelera finlandesa Botnia a partir de la firma de un Tratado Bilateral de Inversiones, con ventajas sólo para el país nórdico, expone la importancia del Mercosur. Deja en evidencia el grado de inmovilidad que condena a los países de la región ese tipo de convenios, del mismo modo que los Tratados de Libre Comercio. El insólito papel que está jugando el frenteamplista Tabaré Vázquez defendiendo con uñas y dientes lo que desde la vereda de la oposición criticó con dureza, así como también el coqueteo con Estados Unidos, deja al desnudo la trampa que significan esos tratados. El conflicto con Uruguay no es como afirman los gendarmes de los buenos modales la extinción lenta del Mercosur, difundiendo así con fidelidad el deseo de la administración Bush, sino que es la reafirmación de su necesidad imperiosa para la región.

El Mercosur, con sus imperfecciones e importantes asignaturas pendientes, es relevante no sólo porque es un valioso instrumento de integración sino porque fija condiciones y límites a tratados de libre comercio con potencias económicas. Esos convenios contienen cláusulas que los alejan de la cuestión comercial. En un documento presentado en el seminario Escenarios de salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo para Argentina, organizado por Ceil-Piette y Conicet, elaborado por Andrés Musacchio y Verónica Robert, se detalla que esos tratados “intentan avanzar sobre la liberalización de los servicios, las licitaciones para el abastecimiento de los estados nacionales, una mayor rigidez en materia de patentes y un esquema de protección de inversiones”. De esa forma, “los países que firman los acuerdos resignan una gran cantidad de herramientas cruciales para una política de desarrollo”. Quienes defienden los tratados de libre comercio o los bilaterales de inversiones sostienen que la apertura del mercado es para los dos países. Se trata de un argumento bastante débil. Cuando la relación es tan desigual, con marcadas asimetrías, esos convenios sólo favorecen a los más poderosos. Por ejemplo, hasta ahora no se conoce ninguna inversión uruguaya en Finlandia que pueda aprovechar –como sí lo hace Botnia– de las ventajas del tratado. Uruguay puede afirmar que Argentina firmó con casi 60 países acuerdos similares y no los denuncia. Por ese motivo, los padece, en esa ficción de arbitraje en el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) impulsado por privatizadas y multinacionales, donde presentaron demandas millonarias por montos fijados sin ningún criterio objetivo más que el de subordinar al país a una negociación desigual. Tabaré tiene que aprender de los errores argentinos no a imitarlos.

Existe abundante bibliografía que revela que las inversiones extranjeras no discriminan si el país receptor ofrece tratados bilaterales o no. La prueba más contundente es Brasil: excepto con el Mercosur, no se encuentra vinculado por ninguno de esos tratados firmados por Argentina y por Uruguay con Finlandia. En un documento del Banco Mundial, la especialista Mary Hallward-Driemeier (Do Bilateral Treaties Attract FDI? Only a bit...and they could bite, junio 2003), analizó los flujos de inversión internacionales entre veinte países de la Unión Europea y 31 países periféricos durante 20 años y no encontró relación empírica entre la firma de tratados y un mayor flujo de inversión hacia los países en vías de desarrollo signatarios. Esa experta consideró incluso que lo más probable es que los TBI actúen otorgando ventajas a inversiones que se habrían efectuado de todas maneras. En realidad, el factor determinante de los flujos de inversión es el tamaño del mercado, y no los tratados bilaterales de inversión.

Lo mismo pasa con los tratados de libre comercio. Para acceder a mercados no se requieren de esos convenios. Por caso, una de las regiones con las que el intercambio argentino más se ha intensificado en los últimos tres años ha sido precisamente la del Nafta. “El incremento del volumen de comercio se ha logrado sin la firma de un tratado de libre comercio al estilo propuesto por los Estados Unidos”, enfatizan los especialistas Musacchio y Robert. Para agregar que “los TLC no aparecen como una herramienta imprescindible, y tienen, por el contrario, notorias desventajas”. Se sabe, además, que es muy difícil que Estados Unidos resigne los pilares fundamentales de su política agrícola, que consiste en brindar subsidios multimillonarios a sus farmers al tiempo que establece barreras al ingresos de productos agrícolas de otros países (Uruguay, por ejemplo).

La sobreactuada indignación uruguaya es una muestra de debilidad que lo lleva a transitar caminos sinuosos. Puede ser que el papel de víctima sea parte de una negociación para que los socios mayores del Mercosur no se ocupen solamente de sus asimetrías. También puede ser que haya quedado atrapado de las miserias de la política interna. Pero el eventual abandono del bloque regional para abrazarse a Estados Unidos (que no ha manifestado un interés especial en ese matrimonio) no es síntoma de fortaleza. De todos modos, lo valioso de Tabaré Vázquez es que ha movido la estantería del Mercosur. Y el caso de las papeleras sirve para llamar la atención que la integración tiene que romper con la lógica mercantilista (determinada por los inestables flujos comerciales) y avanzar en proyectos vinculados a estructuras productivas regionales. Por ese último sendero se afianzará el bloque. En esa orientación apunta la estrategia energética con el proyecto del gasoducto desde Venezuela, como también la incorporación de Bolivia a esa iniciativa. En ese sentido, la experiencia europea es un interesante antecedente. El corazón de la Unión Europea fue el convenio energético por el carbón entre Alemania y Francia, eje que se fortaleció a partir de esa interdependencia para luego extender la unión al resto del continente.

A la garra charrúa le falta parar la pelota y ponerla en el piso.