Mediciones oficiales estiman una caída en los niveles de pobreza e indigencia, y una mejora en el mercado de trabajo. Esos indicadores acompañan la ininterrumpida recuperación económica en los últimos cuatro años. Sin embargo, el impacto de ese crecimiento en las condiciones de desarrollo humano y social sigue siendo escaso. Un elevado porcentaje de los hogares tiene problemas de alimentación, no goza de buena salud, no dispone de un hábitat adecuado y está lejos de acceder a una educación y a una asistencia social de calidad. Se trata, fundamentalmente, de sectores ubicados en las zonas más vulnerables de los grandes centros urbanos.

“El país está lejos de mostrar un esquema universal de trabajo decente, seguridad social y oportunidades de progreso e integración para todos”, expresa un reciente informe del Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a una encuesta realizada a mayores de 18 años en grandes centros urbanos, en junio y diciembre del 2004 y junio del 2005. Según esos resultados, un 13 por ciento de los hogares de sectores pobres tiene problemas alimentarios. En promedio, más de la tercera parte de los encuestados tiene dificultades para mantener un buen estado de salud y casi un 40 por ciento de los hogares carece de un hábitat adecuado: dos de cada diez personas de sectores medio bajos tienen problemas habitacionales, mientras que el hacinamiento y el saneamiento inadecuado en los sectores bajos y muy bajos alcanza el 39 y 63 por ciento, respectivamente.

La investigación de la UCA también relevó aspectos relacionados con el trabajo. Sólo una quinta parte de la población activa tiene un trabajo estable, con protección social e ingresos suficientes. Las mayores dificultades para acceder a un empleo de calidad se concentran en los lugares más pobres, donde sólo el 10 por ciento de los activos tiene un empleo estable. La cantidad de trabajadores con empleo de calidad aumentó del 18 al 28 por ciento entre el 2004 y el 2005, aunque la mejora fue mayor entre las clases medias altas que entre los muy pobres, donde más del 75 por ciento sigue sin un trabajo digno.

Agustín Salvia, coordinador del Departamento de Investigación Institucional de la UCA, diferencia tres grandes sectores sociales. El más estructurado económicamente experimentó movilidad ascendente con la recuperación. El segundo mejoró sus condiciones materiales de existencia, pero no percibió movilidad ascendente y aparece como el primer expulsado del mercado frente a un eventual estancamiento. El último grupo es una masa marginal que prácticamente no está integrada socialmente: es poco permeable a las políticas sociales –aun cuando se sirven de ellas–, y juega en redes que reproducen las condiciones de marginalidad.

Estimaciones del Programa Ciudadanía Porteña del gobierno de la Ciudad, en base a datos del Indec del 2º semestre del 2005, muestran que un 20 por ciento de chicos de hasta 18 años es indigente y un 50 por ciento, pobre. Entre los más pobres, sólo el 20 por ciento de los niños asiste al jardín y el 83 por ciento no cuenta con cobertura de salud. La coordinadora del Programa, Irene Novacovsky, remarcó que también entre los jóvenes pueden verse profundas desigualdades en el acceso a los recursos de inclusión: un 28 por ciento de las personas más pobres de 18 a 25 años no estudia ni trabaja, cifra que baja al 0,4 por ciento entre los sectores más favorecidos. La desigualdad en el acceso a la salud es más alarmante aún: 9 de cada 10 chicos pobres de 7 a 18 años no tienen acceso a una cobertura frente a un 3,7 por ciento de los grupos de mayores recursos.

Para la especialista, “llama la atención la lentitud en la disminución de la pobreza e indigencia, sobre todo si se analiza en términos de distribución del ingreso, donde el coeficiente de Gini muestra que estamos en los niveles del 2000. No se pueden esperar los frutos del crecimiento sin implementar políticas activas con respecto a la distribución del ingreso”. Actualmente, los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Trabajo implementan programas (Familias, Manos a la Obra, Remediar y Seguro de Capacitación y Empleo) dirigidos fundamentalmente a sectores más vulnerables. Salvia opinó que estos programas “no logran revertir las condiciones de exclusión social estructural porque no existe en el Estado un objetivo de planificación que incorpore lo social como un objeto de política”.