Sólo 30 mil dólares le bastaron a la firma Monsanto para que su nombre quede asociado al Conicet. El camino, iniciado en el 2004, fue el financiamiento de una beca de investigación, con el mencionado premio en moneda dura, bajo la consigna Animarse a emprender. La asociación ad hoc del organismo público y la multinacional semillera recibió no pocos reparos de algunos investigadores. Entre ellos –no precisamente los dedicados a la biotecnología– todavía persiste la imagen de que la multinacional es “mala” porque atenta contra el medio ambiente, criterio basado en el conocido discurso proteccionista europeo contra los transgénicos. La asociación motivó incluso el temprano rechazo del Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología que funciona en el ámbito del Ministerio de Educación.

Pero esta semana las autoridades del Conicet recibieron una nueva recriminación, esta vez proveniente de legisladores oficialistas. Desde las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja se acusó al Conicet de haberse asociado con una empresa “enemiga” de la Argentina. El argumento no es más consistente que el “ecologista”, pero permite aproximarse al conflicto real.

No cabe duda de que las denuncias de Monsanto en tribunales europeos en el contexto de la disputa por las regalías del gen que permite el desarrollo de la gama de productos “RR” (Roundup Ready) significan una jugada fuerte. Sin embargo, no se trata de un camino muy diferente de la estrategia de, por ejemplo, las privatizadas locales con sus denuncias ante el Ciadi. Como muchos funcionarios de la actual administración conocen, es posible que se esté frente a una estrategia de “subir la apuesta” durante la negociación. Apenas una ola más entre los escarceos de superficie de la multimillonaria puja que, antes o después, concluirán las partes. El final también es previsible. Cualquiera sea el mecanismo a través del cual se terminen canalizando, los productores primarios deberán pagar 2 o 3 dólares por tonelada de granos u oleaginosas producidas con semillas mejoradas, una cifra considerable cuando se multiplica por decenas de millones de toneladas. Vale recordar que al menos el 95 por ciento del área sembrada de oleaginosas y el 60 por ciento de las de maíz se implanta con semillas transgénicas, no sólo las desarrolladas por Monsanto. De aquí la discusión en curso para disminuir el llamado “uso propio”.

Para los meros observadores del conflicto, en tanto, la suba de apuestas es más que interesante. El enfrentamiento generó que el aparato de Estado se aboque a producir información sobre los negocios de las multinacionales semilleras, datos que de no mediar conflicto serían de acceso más complicado. Y lo mejor: la información se publica en el sitio web de la Secretaría de Agricultura. El lector atento encontrará allí material para entretenerse. En el capítulo de “impacto económico” podrá seguir en detalle la reconversión sojera del agro local y el considerable salto producido a partir de 1997/98 en concomitancia con la aparición de la soja RR. También se enterará de cómo Monsanto decidió inicialmente no preocuparse por las regalías ya que su negocio era la venta del producto asociado al nuevo paquete tecnológico, el Roundup, por entonces su marca del herbicida glifosato al que el gen RR resiste. Agricultura también recopila que Monsanto ya realizó denuncias contra exportaciones desde la Argentina por violación de patentes en cuatro países europeos: en Dinamarca y Holanda en el 2005, y en España y Gran Bretaña a principios del 2006. Las denuncias se tradujeron en demoras y embargos sobre los embarques de harina de soja que afectaron a firmas como Cargill, Dreyfus y Bunge, quienes no tardaron en quejarse a Agricultura. Enfocar el conflicto como un enfrentamiento entre Monsanto y la Argentina según reza el discurso oficial puede ser un error. Quizá se acerque más a la realidad entenderlo como una disputa entre grandes empresas por el reparto de una tajada de larenta agraria, realidad que no inhibe la posibilidad de que los costos de las futuras regalías sean cargados principalmente a los productores primarios que no participan del negocio exportador, pero ésta es otra cuestión.