La Argentina y China siguen disputando el liderazgo de crecimiento en el mundo, con la obvia salvedad de que el primero acumula cuatro años de bonanza que suceden a una catástrofe, mientras que el boom chino se remonta a mucho más atrás y es el resultado excepcional de una transformación radical. La Argentina también es candidata a quedarse con el título de la economía con mayor holgura fiscal. Pese a la necedad de algunos ortodoxos que ven fantasmas (agregar “inexistentes” sería redundante), los números de caja son cada vez más excedentarios. En los primeros cinco meses del año el ahorro fiscal es 6 por ciento mayor al de igual período de 2005 –que de por sí era grande– y ya lograron más de la mitad que la meta de superávit para el año completo que figura en el Presupuesto.

Resulta incomprensible que Roberto Lavagna infunda alarma sobre una supuesta imprudencia fiscal, o que reclame por un Fondo Anticíclico, que no sólo existe sino que ya tiene depositados sobrantes por unos 600 millones de dólares. En todo caso, lo sensato es lo del diputado Claudio Lozano, que advirtiendo la realidad presentó el miércoles pasado en la Comisión de Labor Parlamentaria una moción de preferencia que le fue aceptada para que el Ejecutivo informe respecto de “las nuevas estimaciones sobre la recaudación del ejercicio 2006, para debatir cómo se asignan esos recursos no presupuestados”. En resumidas cuentas: si hay un problema no es por desajustes sino por sobreajustes. Por demasiado conservadurismo fiscal y no por mucho gasto público. ¿Quién en su sano juicio puede hablar de excesivo gasto público con las necesidades insatisfechas que hay, o a la vista del superávit señalado?

La holgura fiscal no sólo se observa en el presente, sino que se proyecta hacia adelante. Por el lado del gasto corriente, debido a la moderación del reclamo o a la resignación –según se prefiera– de los empleados públicos y jubilados. Por el lado del gasto en capital, porque si bien el Gobierno ha acelerado el ritmo de la obra pública (creció 80 por ciento la inversión en infraestructura en los primeros cinco meses) los números están dentro de lo previsto. Por supuesto que todo se da en un contexto de por sí aliviado por la renegociación de la deuda externa.

El horizonte está aún más despejado por el lado de los ingresos, por la sencilla razón de que queda enorme espacio para mejorar por sobre lo logrado. Sin siquiera modificar la desigual estructura tributaria, hay mucho para esperar de la lucha contra la evasión. En una presentación que realizó días atrás, el titular de la AFIP, Alberto Abad, reveló los siguientes datos:

• La evasión en el IVA cayó 10 puntos porcentuales desde un pico en 2002 pero siguen filtrándose 1 de cada cuatro pesos que deberían cobrarse.

• La economía negra es bastante menor que en Brasil o México, pero lejos está de alcanzar el nivel de formalidad que hay en Chile, y por supuesto a años luz de los países desarrollados.

• El resultado del programa de inspectores fedatarios (los que verifican prácticamente en los comercios las denuncias sobre no entrega de facturas) muestra que son ciertas en 7 de cada diez casos.

• El plan de regularización de personal doméstico permitió el blanqueo de 70 mil empleadas (antes había registradas sólo 55 mil), pero aún quedan en negro más de 700 mil.

A propósito, en lo que también nos consideramos candidatos al título es en anomia, incumplimientos y deshonestidad. Abad mostró una encuesta de la consultora Aresco que arrojó que tres de cada cuatro admite que con frecuencia falsea las declaraciones juradas, siete de cada diez confiesaque compra mercadería robada, y nueve de cada diez reconoce que emplea en negro. Preguntados sobre cómo evalúan a la sociedad respecto del comportamiento tributario, 61 por ciento respondió que es poco o nada responsable y 70 por ciento dijo que es poco o nada honesta.

Adicionalmente, poco a poca se va diluyendo una hipoteca que mermaba la recaudación. Los contribuyentes, en su casi totalidad los más grandes, habían acumulado 120 mil millones de pesos de quebrantos impositivos en Ganancias por pérdidas declaradas durante la crisis. Por obra de ajustes realizados por la AFIP rechazando la validez de esas deducciones (casos multimillonarios en bancos, automotrices, laboratorios, etc.), o por el simple paso del tiempo (la deducción por quebrantos tiene un plazo de cinco años), ese mecanismo se está desvaneciendo.

Todo sería considerablemente más fácil si además de jugarse por mejorar la eficiencia recaudadora y el cumplimiento ciudadano, el Gobierno también pusiera fichas para tapar al menos algunos obscenos agujeros de desgravaciones. Cuestión en la que también es complicado superar a la Argentina.