Nadie puede discutir que el salario mínimo es una buena herramienta para acompañar la mejora de salarios de los trabajadores en blanco, como lo fueron en su momento –allá por el 2003 y 2004– los aumentos de suma fija que el gobierno decretó ante la indiferencia de los empresarios, que embolsaban ganancias record pero se resistían a soltar un mango. Sin embargo, las estadísticas muestran que su impacto sobre 4,5 millones de trabajadores en negro es minúsculo.

El sociólogo Artemio López publicó días atrás un informe en el que explica que la brecha salarial entre empleados en blanco y en negro está hoy en sus máximos históricos, y, peor aún, no se ha achicado durante los últimos tres años, pese a las tasas récord de crecimiento económico. Según el último registro de la Encuesta de Hogares del Indec, los trabajadores en negro perciben en promedio un sueldo de 440 pesos mensuales, equivalente al 37 por ciento del salario promedio en blanco. Como se ve, además, muy por debajo del salario mínimo actual de 630 pesos y poco más de la mitad de los 800 pesos que alcanzaría en noviembre.

Ese documento, difundido por Página/12, disparó la reacción del Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, quien insistió en los últimos días con la idea de que el salario mínimo produce un “efecto arrastre” sobre las remuneraciones en negro. Esa tesis es defendida en esta edición del Cash por Marta Novik, subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo.

El experto en economía laboral, Ernesto Kritz, coincide con López en que ese supuesto efecto arrastre es muy débil, y confirma que la distancia entre los dos mundos del trabajo (blanco y negro) no se ha acortado. Kritz demuestra que con las subas del piso salarial legal una porción mayor de los trabajadores en negro percibe ingresos por debajo de ese mínimo. El economista de la CTA, Claudio Lozano, tampoco cree que el salario mínimo sea un salvavidas para la mayoría de los trabajadores. Al contrario, según sus cálculos, beneficia a una reducida porción del mercado laboral: alrededor de un tercio de los ocupados.

La polémica no es trivial. Si el gobierno cree que sólo con crecimiento y aumento del mínimo se resuelven los problemas de inequidad distributiva y pobreza, entonces estaría confundiendo los instrumentos.

El viernes pasado, el Indec difundió los primeros datos de pobreza de mayo 2006, que muestran un descenso para tres aglomerados urbanos todavía incluidos en esa muestra. Hacia fines de septiembre, deberían ser publicados los datos correspondientes al primer semestre de 2006 y, según pudo saber este diario, la tasa para el promedio de los 28 aglomerados urbanos marcaría una nueva disminución hasta el 32 por ciento de la población, bien por debajo del 54 por ciento de los primeros meses del gobierno de Kirchner.

Durante los noventa, los niveles de pobreza promediaban el 24 por ciento, y era una fenómeno vinculado fundamentalmente con el salto de la desocupación. Hoy, en cambio, los niveles de desocupación son similares -o incluso algo inferiores–, por lo que la pobreza es un problema de los ocupados, en negro. López advierte que ese universo laboral en negro, con salarios cada vez más alejados del mundo en blanco, explica un “núcleo duro” de la pobreza, que no podrá perforarse sólo con crecimiento, y que podría consolidarse en el orden del 20 por ciento de la población. Ocupados, informales, y con salarios bien debajo de cualquier mínimo legal. Un ejército de trabajadores pobres en una sociedad dual.