La política fiscal ocupa un importante rol como redistribuidor de ingresos, ya sea por medio de la estructura tributaria o por la asignación de gastos. La mayoría de la dirigencia política –por lo menos en el plano discursivo– sostiene la necesidad de que las políticas fiscales tiendan a ser progresivas. Para determinarlo deben tomarse en cuenta, fundamentalmente, dos cuestiones: las fuentes de los recursos obtenidos por el Estado y las necesidades sociales satisfechas mediante el gasto público. Se dice que un sistema será progresivo en la medida en que los ingresos del Estado sean financiados, en mayor medida, por los sectores pudientes de la sociedad. Esa progresividad se verá reforzada en el caso de que los gastos públicos se destinen mayoritariamente a la provisión de bienes y servicios utilizados por los sectores más desfavorecidos (por ejemplo: escuelas públicas, hospitales).

Mirando en conjunto las dos caras de la moneda (origen y destino de los recursos) se podrá dictaminar acerca de las características que adopta una política fiscal determinada. Se puede estar en presencia de una progresiva aun con impuestos regresivos. Esto podría ocurrir en la medida en que los gastos direccionados hacia los sectores más postergados sean lo suficientemente importantes como para contrarrestar los efectos de una estructura tributaria de signo contrario. Si bien en cualquier nivel de gobierno se pueden adoptar distintas políticas fiscales, es evidente que en aquellas jurisdicciones con un mayor potencial económico, las posibilidades de realizar un sistema más progresivo se fortalecen. Es lo que ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al ser uno de los distritos más ricos de la Argentina y, por ende, con mayor caudal de recursos, existen mayores grados de libertad a la hora del diseño de una política fiscal.

La ciudad destina el 65 por ciento de su presupuesto a los llamados “gastos sociales” (salud, promoción social, educación, cultura, trabajo, vivienda, agua potable). Analizado desde la óptica de la provisión de bienes públicos, la política fiscal del municipio tiene un alto contenido progresivo. Pero, ¿qué ocurre con la estructura tributaria? Si se analiza el Presupuesto porteño se verifica que el 68 por ciento de los recursos se obtiene de un impuesto regresivo como ingresos brutos. Y solamente se recauda un 17 por ciento de impuestos que son considerados progresivos, como los tributos patrimoniales (ABL, Patentes).

¿Por qué se recauda tan poco en concepto de impuestos patrimoniales?

Para responder a esta pregunta, primero hay que analizar la manera en que se determinan dichos tributos. En el caso de Patentes se toma como base imponible el valor de mercado de los autos, a partir de precios de referencias de aseguradoras y revistas especializadas, reducido en un 5 por ciento. Algunos tributaristas critican esa multiplicidad de fuentes porque –afirman– se generan distorsiones. Más allá de esta crítica puntual, los expertos coinciden en que el valor sobre el que se calcula el importe de Patentes se acerca razonablemente al precio de mercado. La principal objeción que se realiza al sistema de liquidación de la patente automotor es que utiliza la misma alícuota (3,2 por ciento para autos y 2,3 para camiones y maquinarias agrícolas) con prescindencia del valor del rodado. Si se quisiera tender a una mayor progresividad fiscal se podría tener mayores alícuotas para los automotores más caros.

En el caso del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) existen 15 intervalos de valuación fiscal con alícuotas diferenciadas de acuerdo con el precio del inmueble. En teoría es un sistema que promueve la progresividad fiscal. Sin embargo, la subvaluación de las propiedades (se estima que el valor fiscal ronda el 20 por ciento del precio de mercado) determina que el 90 por ciento de las propiedades de Capital Federal se encuentren dentro de los primeros cinco intervalos. Esto torna ilusoria la intención de progresividad fiscal que parece desprenderse de la norma legal. Además, las propiedades más caras terminan afrontando una menor presión fiscal ya que a medida que va subiendo el precio de mercado, el porcentaje del valor fiscal sobre el valor de mercado disminuye.

Sin necesidad de incrementar la presión fiscal, el principal desafío de la ciudad sería lograr una baja en los Ingresos Brutos que sea compensada con un alza de los impuestos patrimoniales a las propiedades y autos de mayor valor económico. Si se parte de la premisa de que las políticas fiscales cumplen un importante rol en el logro de una mayor equidad social, la ciudad de Buenos Aires todavía tiene un importante camino a recorrer.