Las intrigas en Hewlett-Packard, la compañía que espió a directivos y periodistas, podrían conducir a la ilegalización del método llamado pretexting, que muestra lo fácil que es hacerse espía hoy en día. Lo ocurrido coloca al gigante informático peligrosamente cerca de un guión de cine negro, con sus correspondientes detectives privados y sus escaramuzas para conseguir información.

El método que utilizaron estos detectives –llamado, algo pomposamente, pretexting– consiste en suplantar la identidad con el fin de obtener información, algo que, según se ha desprendido de las investigaciones realizadas hasta el momento por la propia compañía, es coser y cantar. Los agraviados en este caso fueron directivos de Hewlett-Packard, además de un grupo de periodistas a los que se espió para obtener un registro de sus llamadas telefónicas y averiguar quién les había filtrado información de la compañía.

Prueba de la dudosa legalidad de este método es que va en contra de la ley en diez estados, y California –donde Hewlett-Packard tiene su sede– muy pronto podría unirse con una ley que convertiría en delito la obtención de registros telefónicos de manera fraudulenta o engañosa. Su gobernador, Arnold Schwarzenegger, tiene motivos de sobra para dar el visto bueno a la medida, aunque por razones diferentes: la reciente filtración a los medios de una conversación privada que vuelve a mostrar que las formas no son el fuerte del ex actor fue obtenida por métodos que, al parecer, están cerca de la piratería informática.

“Este pequeño incidente en HP muestra que puede haber abusos, no sólo de poder, sino también de gente que quiere hacerse con información”, señaló Nick García, portavoz de Abel Maldonado, el legislador que propuso la medida. “Yo quiero estar seguro de que mis conversaciones son privadas y nadie puede acceder a ellas”, dijo García.

El Senado de California aprobó la propuesta el mes pasado y Schwarzenegger tiene hasta el 30 de septiembre para frenarlo (si no hace nada, se convertirá en ley automáticamente). El problema no es nuevo. Hace tiempo que el grupo Electronic Privacy Information Center exigió que se endureciesen los requerimientos para hacerse con registros de clientes.

“Durante mucho tiempo nos pareció que es un grave riesgo para los consumidores”, dijo Marc Rotenberg, director ejecutivo de la organización. Por su parte, el grupo con sede en San Francisco Electronic Frontier Foundation recordó que el problema no sólo afecta a los impostores, sino sobre todo a las compañías que manejan estas grandes bases de datos.

Al margen de esta cuestión, Hewlett-Packard, que hasta ahora ha dado explicaciones en torno de lo sucedido con cuentagotas, tendrá que responder a las preguntas del fiscal general de California, Bill Lockyer. Este afirmó que dispone de pruebas para presentar cargos contra ejecutivos de la compañía por utilizar métodos que violan las leyes de protección de identidad de este estado.

El origen del escándalo se remonta al año pasado, cuando el contenido de las deliberaciones privadas en el consejo de administración sobre la salida de Carly Fiorina, entonces presidenta ejecutiva de la empresa, llegaron rápidamente a la prensa, lo que motivó a Patricia Dunn a realizar una investigación.

Los investigadores privados contratados por HP espiaron no sólo a los directivos de la compañía, sino las llamadas telefónicas hechas por reporteros de Cnet, una revista online de tecnología con sede en San Francisco; de The New York Times y de The Wall Street Journal. Por el momento, el caso le ha costado el puesto a Dunn, quien será reemplazada a partir de enero próximo por el consejero delegado de la firma, Mark Hurd, pero que, no obstante, retiene su puesto en el Consejo. Se trata, en opinión del columnista Davis Lazarus, de un castigo leve. “Si tu hijo prende fuego tu casa, no te limites a pedirle que deje de jugar con fósforos”, señala Lazarus. Eso es precisamente lo que ha decidido hacer Hewlett-Packard cuando permitió a Dunn que continuara como miembro del consejo directivo de la empresa.