En la década del ‘90 las políticas neoliberales fueron las hegemónicas. No hubo un proceso de privatización de tanta amplitud y rapidez como el que se registró en el caso argentino. Un ejemplo de ello fue el Correo estatal. Sólo países como Burundi habían realizado una experiencia de ese tipo. Este dato pasó casi desapercibido en un ambiente político-social que resultó muy permeable a la eficaz campaña de descrédito que sufrieron las empresas públicas. Así, el Servicio Postal Básico Universal, que es reconocido mundialmente como una herramienta de comunicación, integración y desarrollo estratégico de una nación, fue concesionado en septiembre de 1997, por treinta años al grupo comandado por Francisco Macri.

A pocos años de tomar el control del Correo, el concesionario empezó a manifestar sus quejas por lo que considera incumplimientos de parte del Estado. Esos reclamos intentaban justificar la falta del pago del canon anual establecido (103 millones de dólares) y los malos resultados económicos. Según Macri, en el ejercicio contable correspondiente al 2000, el déficit operativo del Correo era de 58 millones de pesos a pesar de que no habían pagado el canon acordado. En octubre del 2001, Correo Argentino SA se presenta en convocatoria de acreedores con una deuda de 740 millones de dólares con bancos nacionales, extranjeros y con el propio Estado nacional. La falta de pago del canon, los malos resultados económicos, la convocatoria de acreedores pusieron en duda la idea de que el Correo era más eficaz en manos privadas.

El gobierno de Kirchner, a través del decreto 1074/03, rescindió el contrato de concesión. Esa norma estableció que el Poder Ejecutivo reasumía transitoriamente la operación del servicio oficial de correos “a los fines de preservar la continuidad del servicio, las fuentes laborales, como así también el resguardo de los bienes involucrados en la prestación”. Esa idea de transitoriedad se reforzaba con lo establecido en el artículo 4 del decreto 1075/03, que obligaba al Ministerio de Planificación a que, en un plazo de 180 días, procediera al llamado de una Licitación Pública Nacional e Internacional con el objeto de privatizar el servicio de correos. Sin embargo, el Ejecutivo viene postergando desde el 2004 esa licitación a través de sucesivas prórrogas.

Consultado por Cash, el titular del Correo Eduardo Di Cola señaló que “definir si el Correo permanecerá en manos del Estado es un tema que me excede. En su momento será una decisión que tomará el presidente de la Nación. Lo que está claro es que cualquiera sea la herramienta de gestión (privada, pública, mixta) que se elija, el Estado va a tener una fuerte presencia”. La necesidad de que el Correo permanezca en la órbita estatal ha ido ganando adeptos a partir de los números que muestra la conducción actual. La gestión del primer ejercicio completo (2004) logró un record histórico de ventas alcanzando los 531 millones de pesos. Esa facturación dio un nuevo salto en el ejercicio 2005, llegando a los 655 millones de pesos. Si se compara el 2003 (gestión privada) con el 2005, el promedio de ventas se incrementó un 15 por ciento. Este aumento se dio exclusivamente por mayor volumen vendido ya que las tarifas del sector social se mantuvieron inalteradas durante dicho período. Estos resultados han permitido que en el período 2004-2005 la ganancia bruta ascendiera a 112 millones de pesos.

Las actuales autoridades del Correo rescatan que a pesar de la delicada situación de caja que tenía la entidad al momento de la toma de posesión por parte del Estado, el organismo salió adelante sin necesidad de recurrir al auxilio del Tesoro nacional. Además señalan que se está llevando adelante una serie de inversiones (actualización del seguimiento de piezas postales, automatización de sucursales) que permitirán mantener la competitividad del Correo oficial. Los opositores al rumbo que tomó el gobierno nacional mencionan que los resultados económicos que cosechan las actuales autoridades del Correo se deben a las inversiones realizadas durante la gestión privada y a la falta de pago de canon alguno. Di Cola contesta estas críticas afirmando: “Macri tampoco pagaba el canon, contaba con los mismos medios tecnológicos que tenemos actualmente y sin embargo el Correo fue perdiendo sistemáticamente presencia en el mercado. En cambio, desde que el Estado asumió el control venimos creciendo a un porcentaje mayor al del mercado”.