En los tiempos en que se apostaba a desarrollos nacionales fuertes y capaces de sostener un comercio internacional que aspirara al equilibrio, los recursos naturales fueron dispositivos estratégicos. El pensamiento de Mosconi, pionero en América latina en materia petrolera, y también David Toro de Bolivia y Lázaro Cárdenas en México, son elocuentes ejemplos. Las empresas norteamericanas y angloholandesas sufrieron estatizaciones y límites a la voracidad de sus ganancias. Poco a poco recuperaron terreno, pero el momento definitivo llegó a partir de los años ’80, con las llamadas políticas neoliberales.

Nuestro país, cuarto productor de petróleo en América latina, hipoteca esa riqueza estratégica en un proceso que dura algunos años con medidas que nunca aparecen del todo claras. Cuando se repasa este proceso acaecido durante el gobierno de Menem, vale preguntar cómo fue posible que se diera consenso parlamentario a semejante enajenación de riqueza en una sociedad que había sido pionera de una política petrolera autónoma. Del mismo modo, cuando se revisa la Ley 24.196/93, de promoción minera, vale también preguntarse cómo es posible que no tuviera mayor difusión y oposición semejante instrumento de devastación, depredación y transferencias de dinero a un puñado de empresas.

Por eso hoy, cuando el Congreso de la Nación sancionó una ley de promoción de la explotación de petróleo que implica otro gran subsidio al sector más poderoso de la economía global, se puede observar tal cual un laboratorio social cómo “pasan” estas leyes frente al “consenso” construido de modo distinto a la etapa anterior. Se legisla de esta forma en un Gobierno que se jacta de enfrentar la política norteamericana en materia de integración regional; de contar en su administración “intelectuales” con pasados comprometidos; de nombrar en su Corte Suprema a juristas intachables y de manejarse con una retórica más cercana al “chavismo” venezolano que al acervo neoliberal de las corporaciones. Su mayoría parlamentaria lo permite y, vale reconocer, esa ley tuvo oposición.

El intelectual Raúl Zibechi sostiene que hay que volver a pensar estos estados latinoamericanos más allá de las viejas categorías políticas. En sus novedades, registrando el sentido de esta tarea, por ejemplo, de utilizar la política social para integrar a los “pobres desorganizados” que aparecen como parte significativa de sus bases electorales. También Tony Negri llama la atención sobre las novedades y el intento de integración regional del nuevo eje latinoamericano.

Pero hay que recordar que al lado de estos cambios se tejen las fuertes alianzas establecidas entre estos estados y las grandes transnacionales del petróleo, del agronegocio, de la minería, etc. Transnacionales que son el pivote del poder transnacional, su futuro; son las que piden leyes a su medida y establecen los tribunales de diferendos internacionales si luego se intenta modificar algo. El interrogante que cabe es: ¿este pivote del poder transnacional que marca en gran medida el ritmo de nuestros estados es acaso funcional a una sociedad menos polarizada, con mayor acceso a la salud, educación, vivienda, a una vida digna y democrática? Los movimientos sociales generados en disputa por estos recursos naturales y que se enfrentan cotidianamente con estas corporaciones expresan en sus propios territorios la respuesta a esos interrogantes.

La autora es investigadora del Instituto Gino Germani - UBA.