Misiones tiene una larga trayectoria asociativa cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, cuando la organización guaraní-jesuítica ya había conformado una comunidad autogestionaria, basada en la integración intercultural y en la ausencia de la propiedad privada de las tierras. A principios del siglo pasado, los colonos europeos que llegaron a la provincia trajeron el germen de las cooperativas que por esa época se diseminaban por todo el viejo continente. Actualmente, en Misiones el 30 por ciento de la actividad económica pasa por el cooperativismo. Según el censo 2007 del Inaes, de las 22.573 entidades que hay en el país, 722 se encuentran en esa provincia. La mayoría son cooperativas de trabajo y agropecuarias. El cultivo más importante es, sin duda, la yerba mate. El “oro verde” tiene propiedades antioxidantes, nutritivas, energizantes y es un diurético y laxante natural, que ha hecho que los argentinos la adopten masivamente. Su explotación, no obstante, encierra una historia no tan conocida.

Gran parte de la producción está a cargo de más de 10 mil pequeños colonos que tienen parcelas que no superan las 25 hectáreas, pero las reglas de juego no las fijan ellos. En el largo y complejo proceso productivo que requiere la hoja verde (secado, sapecado, molienda y comercialización) deciden los grandes oligopolios, que son los formadores de precios. En el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) encargado de fijar los precios mínimos, nueve de los doce directores representan a las grandes empresas yerbateras. La realidad es que desde la creación del INYM no se ha logrado establecer un precio justo para el productor, ni respetar los precios mínimos que se les deberían pagar a los empobrecidos colonos. Los grandes grupos empresarios son los mismos que impulsaron, en complicidad con el menemismo, la desregulación del mercado y la desaparición de la Cámara Reguladora de la Yerba Mate que sí tenía un rol regulador de la actividad.

La cooperativa Puerto Rico elabora, muele y distribuye la yerba Yemico y Mbopicuá. Foto: AFP

La única forma que tienen los productores de enfrentar las “leyes del mercado” es la de asociarse, dice Antonio Reis, gerente de la Cooperativa Agrícola de Puerto Rico. Esta cooperativa fundada en 1931 reúne a la mayoría de los productores de la localidad de Puerto Rico, Capioví y Mbopicuá. Ha resistido las distintas crisis del país y en especial los embates del neoliberalismo de los ‘90, que desarticuló los entes reguladores del Estado, dejando librados a su suerte a miles de productores.

Esa cooperativa que elabora, muele y distribuye la yerba Yemico y Mbopicuá se propone comercializar directamente al público. De esa forma enfrentará el oligopolio de grandes empresas y cadenas de supermercados (que ya tienen sus propias marcas), que ni siquiera respetan el paupérrimo precio de 40 centavos el kilo de hoja verde que le deberían pagar al productor. La entidad acaba de presentar ante el Inaes un proyecto para la compra de un autoelevador y un horno para contraer los paquetes de yerba que le permitirá potenciar las ventas.

Para llegar directamente a los consumidores, sin pasar por la intermediación de las grandes empresas, la cooperativa de Puerto Rico también se ha integrado recientemente con otra cooperativa misionera Río Paraná (que vende la yerba Titrayju, de larga trayectoria de resistencia y presencia en todos los emprendimientos de la economía social) y junto con Fecoagro (pequeños productores de San Juan) formaron el Centro de Comercio Campesino e Indígena (Cecocai), que apela al Comercio Justo y al Consumo Responsable. Este conjunto de entidades que agrupa a más de mil familias de pequeños productores organizados de diversas regiones del país promueve la comercialización y el intercambio de alimentos naturales elaborados sin agroquímicos, cuidando el medio ambiente y potenciando el trabajo solidario y la seguridad alimentaria de cada familia. Buscan llegar directamente al consumidor responsable, transformando el poder de compra en una herramienta de cambio social, para potenciar los valores solidarios del precio justo, la utilización intensiva de mano de obra, la identidad regional, la elaboración por emprendimientos asociativos con criterios de distribución participativos y la equidad de género, entre otros.