En el breve lapso de una semana se observaron dos expresiones opuestas de un mismo rostro del Gobierno en la esfera de la economía. Por un lado, el alejamiento de Miguel Peirano por la persistente tarea de demolición del Indec por parte de Guillermo Moreno. Y por otro, el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos y petróleo, que significa la captura por parte del Estado de una renta extraordinaria proveniente de la tierra y de recursos naturales no renovables, además de intervenir así en la contención de los precios internos de alimentos y naftas. Ambas facetas revelan el carácter contradictorio de la gestión del gobierno de Kirchner, que obliga a cierta complejidad a la hora de la evaluación para evitar análisis superficiales sobre la orientación de la política económica.

La batalla por el Indec ya forma parte de lo peor del inventario, con una lógica de construcción de poder que se ha convertido en un boomerang, pese a que en los pasillos del Palacio puedan sentir que han triunfado, como si se tratara de una interna sindical del Instituto. El criterio básico para las estadísticas es que sean creíbles, socialmente aceptadas. En caso contrario, son inservibles, una herramienta inútil para las decisiones de los agentes económicos. El actual IPC se convierte en objeto de veneración y de autosatisfacción del poder, pero no tiene ningún valor salvo la de pagar menos por los bonos indexados por inflación, aunque no habría que descartar costos futuros por juicios motivados por esa manipulación grosera de los índices. El rostro oscuro del Gobierno por la crisis del Indec no sólo es por el dibujo del IPC o por la discusión sobre los nuevos índices, sino por el matonismo y la persecución de trabajadores que se oponen a la intervención de Moreno. Siempre existieron matices en las disputas políticas, gremiales y metodológicas en el seno del Indec, que fueron debatidos en un marco de respeto por la opinión diferente para, en última instancia, la autoridad responsable avanzar en consensos. Sin embargo, ese marco de mínima civilización en el Indec fue directamente borrado a partir del protagonismo de Moreno, funcionario que reporta a Kirchner.

El desastre en el Indec-Moreno motivó la renuncia amigable de Peirano a integrar el futuro gabinete de Cristina Fernández. Resulta llamativa la persistencia en la defensa de un funcionario con rango de secretario que a lo largo de este año no ha mostrado mucha eficacia en su tarea. Por el contrario, los resultados en materia de precios y en el Indec fueron lamentables. No debería sorprender si las grandes empresas, los frigoríficos y los supermercados, los eslabones dominantes del mercado de los alimentos, reclaman la permanencia de Moreno en Comercio Interior.

En la vereda opuesta de ese lado oscuro, el Gobierno dispuso un fuerte aumento de las retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados, naftas y lubricantes. Días antes había implementado lo mismo para las de soja, maíz y trigo. Son medidas audaces de gestión al enfrentar a sectores poderosos, como el petrolero y el campo. El Estado se apropia de una fabulosa renta originada en un shock externo de proporciones debido a la disparada de los precios de las materias primas. Esa intervención tiene una raíz estructural sobre cómo debe distribuirse una ganancia fruto de la explotación de recursos naturales (en estos casos, la tierra y el petróleo), y una motivación coyuntural por el alza de los precios internos de los alimentos y de las naftas.

Cada vez se comprende más que, además de acercar recursos al fisco, las retenciones buscan equiparar el precio internacional al doméstico y, de esa forma, contener las presiones inflacionarias (con algunas excepciones, como la recoleta posición de Elisa Carrió). En cambio, aún permanece en una nebulosa el concepto de renta agropecuaria o petrolera y, por lo tanto, la necesaria intervención del Estado en función de un mejor reparto de la riqueza en la sociedad. Por ejemplo, para evitar polémicas eternas sobre las retenciones o cualquier otro impuesto específico sobre el agro se requiere precisar la distinción entre la renta de la tierra y la ganancia de otros sectores. La economía agraria es diferente del resto por la especificidad de la producción agropecuaria. Esta reconoce la particularidad de la tierra como factor de producción. La tierra, medio fundamental en el que se apoya la actividad primaria, tiene características propias que la hacen diferente a los otros dos factores de producción (trabajo y capital), a saber: no es producida por el trabajo humano, no es reproducible, es limitada en cantidad y es de calidad heterogénea. La renta agraria, entonces, no se origina en la apropiación por el empresario del plusvalor generado por el trabajador asalariado. Se trata de una ganancia extraordinaria que va a manos de los rentistas (dueños de los campos, pero también al resto de los eslabones que distribuyen y comercializan la producción), originada en ventajas naturales (fertilidad del suelo y clima). Argentina, por obra y gracia de la “pampa pródiga”, tiene una renta agraria diferencial a escala internacional. En esa lógica, la ganancia extraordinaria atribuible a una ventaja tecnológica (por ejemplo, en la industria) no es una renta, y sí lo es la que surge de ventajas naturales. Esa diferenciación es útil para entender, por ejemplo, el porqué de las retenciones a las exportaciones agrarias. Como la renta de la tierra es una ganancia extraordinaria, y la tierra es considerada un patrimonio social (por las ventajas naturales), el Estado tiene la facultad de regular la forma en que dicha renta agraria a escala internacional se distribuye al interior de la sociedad.

La misma lógica se refiere para la renta petrolera, con el factor adicional y no menor que esa ganancia extraordinaria se obtiene de recursos no renovables. La clave para abordar esta cuestión es precisar en qué categoría se ubica el petróleo. Los países desarrollados siempre lo definieron como un bien estratégico, ayudando a la expansión de sus trasnacionales para imponer la engañosa idea en las naciones periféricas sobre que el crudo es un commodity. Como si fuera un mero bien comercial, una simple materia prima, lo mismo que el trigo o el café. La diferencia obvia, pero no por eso evidente por la cruzada de desorientación, es que el petróleo y el gas –por el momento, combustibles imprescindible para impulsar el motor de las economías– son recursos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos.

Cuando el Gobierno interviene en esos sensibles mercados vía retenciones ofrece claridad a la vereda de su gestión, oscurecida por la crisis del Indec.

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