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El financiamiento de la Iglesia Católica se debate muy poco, e incluso entre los fieles existe desconocimiento sobre cómo se solventa la estructura religiosa. Hace algunos años, una encuesta de Gallup reveló que solamente el 18 por ciento de los cristianos identificó al Estado como la principal fuente de financiamiento de la Iglesia. La mayoría de los consultados (42%) sostuvo que el principal aporte proviene del Vaticano. La Constitución nacional garantiza el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. En la práctica, el aporte del Estado nacional se cristaliza a través de distintos mecanismos.

Los arzobispos y obispos gozan de una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia. En el caso de los obispos auxiliares y del secretario general del Episcopado, el aporte es del 70 por ciento. Actualmente existen 122 prelados a los que alcanza esta disposición.

También se prevé una ayuda para la formación del clero. A tal fin se destina un monto equivalente a un sueldo de la categoría 10 del escalafón del personal civil de la Administración Pública nacional por cada alumno de nacionalidad argentina del Seminario Mayor. Se calcula que existen 1600 seminaristas.

Existen jubilaciones graciables para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional para trabajadores en relación de dependencia. Ese haber es cobrado por unos 70 sacerdotes en todo el país.

Por último, se destina una asignación mensual equivalente a la que corresponda a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la Administración Pública nacional a los curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera o –de acuerdo con el texto legal que regula esta asignación– “de aquellas ubicadas en otras zonas que, por sus características, también requieran la promoción de su desarrollo”. Esta disposición comprende actualmente a 570 sacerdotes.

Todas estas asignaciones son abonadas por el Estado nacional a la Conferencia Episcopal Argentina, que es el organismo encargado de distribuir los fondos a sus destinatarios.

Además de esos aportes, existen subsidios al clero ante determinados acontecimientos: viajes en cumplimiento de acciones pastorales, sínodos, conferencias regionales, Tribunales Eclesiásticos.

En total, de acuerdo con el Presupuesto 2007, el aporte del Estado ascendió a 16.600.000 millones de pesos.

Sin embargo, esa cifra no computa los principales aportes que recibe la Iglesia: la subvención a los colegios privados católicos.

Desde 1947, el Estado subsidia la educación privada. Los montos han venido creciendo en forma constante. En la Capital, durante 2006 se destinaron cerca de 280 millones de pesos para solventar esta subvención. En la provincia de Buenos Aires, el aporte para las 4300 escuelas católicas sumó mil millones de pesos.

Los montos presupuestados tampoco incluyen el dinero que el Estado transfiere a distintas instituciones ligadas a la Iglesia Católica que realizan tareas de ayuda social. Consultado por Cash, Fortunato Mallimacci, especialista en temas religiosos, afirmó que “es cuantiosa la cantidad de dinero que a nivel nacional, provincial y municipal reciben las instituciones católicas bajo el paraguas de sociedad civil, ONG, Tercer Sector, en capacitación, evaluación, monitoreo y ejecución de miles de proyectos”.

Además de los aportes directos, la Iglesia recibe un apoyo no menor: las exenciones impositivas. Los bienes y los fondos que recauda el clero están exentos del pago de distintos tributos de carácter nacional y provincial.

Existe un proyecto de ley que intenta realizar algunos cambios al esquema de financiamiento actual. La iniciativa permite a los fieles realizar un aporte a la Iglesia, que serían deducibles del impuesto a las Ganancias hasta un tope del 5 por ciento de la ganancia neta. La propuesta cuenta con el apoyo de importantes sectores del clero que quieren una mayor independencia económica de la Iglesia. Sin embargo, la renuncia al aporte estatal no sería total. El proyecto define que si los aportes realizados por los contribuyentes fueran inferiores al aporte estatal establecido en la última Ley de Presupuesto, el gobierno federal aportará la diferencia.

Según Mallimacci, “el dinero que recauda la Iglesia Católica en la Argentina para acrecentar sus fondos y financiar sus propias actividades es casi ínfimo, como lo demuestran las colectas que se hacen por Cáritas”.

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