[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Alberto Acosta *

No hay duda, la decisión final sobre la dolarización oficial plena en el Ecuador, que no ha resuelto el azote inflacionario y que ya ha transformado a esta economía en una de las más caras de la región andina, fue el resultado de decisiones políticas. No fue “impuesta por el pueblo ecuatoriano al gobierno”, como conclusión de un proceso de dolarización “espontánea”; no fue el anuncio de un nuevo modelo económico al margen del neoliberalismo y del mismo FMI. Esta castración monetaria fue, para decirlo descarnadamente, producto de la mediocridad de las elites gobernantes y el resultado directo de un ajuste estructural interminable.
Téngase presente que en Ecuador, con la dolarización, se ofreció solucionar el azote inflacionario y reactivar la economía, sanear el sistema financiero al tiempo de integrarlo internacionalmente, asegurar la sostenibilidad fiscal y conseguir un fácil acceso al mercado crediticio externo. Estas metas a ser alcanzadas inmediatamente con la introducción de la dolarización en poco tiempo se transformaron en requisitos indispensables para su viabilidad. Lo que sí está claro es que la dolarización ha sido usada para acelerar el ajuste y se espera que ella también actúe como ancla para enraizar el modelo neoliberal, cuya continuidad estaría en cierta medida garantizada independientemente de quien gobierne: el sueño tecnocrático de despolitizar la economía. Reto aún más complejo mientras se mantiene la institucionalidad dominante, caracterizada por su paternalismo, autoritarismo, corrupción y rentismo depredador de la misma moneda nacional. Y lo más grave estaría por venir.
En economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias, solía repetir John Maynard Keynes. Anclar el tipo de cambio puede ser recomendable por un tiempo pero mantenerlo indefinidamente congelado, en medio de una economía internacional predominantemente flexible, termina por provocar explosiones como las que experimenta Argentina. No reconocer esta realidad raya en la torpeza o en la irresponsabilidad.
Para comprender de mejor manera la metamorfosis económica y social provocada por la dolarización habría que analizar la conformación de los bloques a favor y en contra de este esquema monetario. Hay que identificar a perdedores y ganadores. En la lista de ganadores asoman muy bien posicionados los importadores (a la cabeza los contrabandistas). Otros beneficiarios son el negocio inmobiliario y la construcción de vivienda para clase media, por la posibilidad de realizar operaciones financieras con plazos más largos; el gran comercio con capacidad para crear también sistemas de financiamiento con plazos relativamente extensos para sus clientes; parte de la industria mayor, protegida de alguna manera por el Estado, que pueda mantener su competitividad en mercados externos en base a importaciones de insumos y piezas, utilizando poca mano de obra y no muy cara; ensamblaje; la banca, especialmente la transnacional que podría afincarse en este país; y, las empresas de servicios, particularmente las de teléfonos y electricidad, a las cuales se les quiere privatizar con precios muy bajos y con tarifas más altas que las del mercado internacional. Los grupos de clase media que se mantengan como tales, esto es vinculados a los sectores ganadores, podrán sacar alguna ventaja de esta nueva situación económica en un ambiente atractivo para el consumo, en particular de aquellos bienes susceptibles de ser comercializados vía crédito, por supuesto accesibles sólo para quienes tienen ingresos suficientes como para atender su repago.
Mientras que los perdedores están en gran parte en el lado de los productores de bienes transables; en aquellos segmentos del sector exportador que no logren mejorar su competitividad en base a una mayor explotación de la renta diferencial (de la naturaleza y del trabajo) o que no tengan capacidad de reacción frente a los choques externos; en el comercio mediano y pequeño, en especial el tradicional; en un enorme sector de industrias medianas y pequeñas, que resulten incompetentes ante el ingreso de bienes importados o aún por una disminución de la demanda de importantes capas de la población o por la consolidación de las grandes cadenas comerciales; en los asalariados y especialmente en los jubilados.
Estas tendencias repercutirán más temprano que tarde en la sociedad ecuatoriana. Este país andino, que experimentó con un -7,3 por ciento la peor caída de su economía en 1999, como consecuencia de un largo proceso de ajuste estructural (desde 1982), presenta un escenario de empobrecimiento explosivo. Entre 1995 y 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34 por ciento al 71 por ciento; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, mientras en 1990 el 20 por ciento más pobre recibía el 4,6 por ciento de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5 por ciento; entre tanto el 20 por ciento más rico incrementó su participación del 52 por ciento a más del 61 por ciento.
Entonces, si la rigidez cambiaria es intrínsecamente insostenible en un ambiente internacional de tipos de cambio flexibles, no cabe sentarse a especular simplemente sobre la duración de la dolarización. A la sociedad ecuatoriana le urge preparar y procesar una salida ordenada de la trampa cambiaria, sin creer que con eso se van a resolver todos los problemas. Sería una irresponsabilidad histórica esperar a que explote la dolarización, para recién entonces intentar salvar desesperadamente los restos del aparato productivo y tratar de pacificar a un país en llamas, como sucede en la Argentina, cuyos esfuerzos por salir de la convertibilidad podrían ser aleccionadores para discutir las posibles alternativas que eviten los destrozos de una crisis anunciada.

* Economista.