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Con el inminente acuerdo con el Fondo Monetario y la tranquilidad en el mercado cambiario, se levanta el telón para que comience la obra “Los acreedores externos quieren cobrar”. Se abrirá la negociación y, como es costumbre en las últimas décadas, el Gobierno será representado por un tercero, que no será otro que un banco de inversión internacional. Aunque parezca mentira, Roberto Lavagna convocará a una licitación internacional para contratar a una consultora del exterior que se encargará de llevar adelante la renegociación. Con ese respaldo, no es fácil imaginar el saldo de esa transacción. Como muchos de los problemas que enfrenta el ministro, la lógica de resolución no responde ciento por ciento a los dictados tradicionales del establishment, pero finalmente pasan a ser funcionales a esos intereses. La Argentina se presentará ante los acreedores con la única aspiración de una quita en el monto del capital. En la práctica, se convertirá en una típica negociación de mercado persa. No modificará la lógica de relación con los bancos, tenedores de bonos y organismos financieros internacionales. Por lo tanto, esa renegociación de la deuda será una solución de corto plazo. Tampoco se trata de levantar la consigna alegre del “no pago”, puesto que con la actual dinámica de funcionamiento de la economía argentina se reproduciría rápidamente su elevado endeudamiento. Para abordar esa problemática resulta indispensable entender la lógica de acumulación financiera, fuga de capitales y desestructuración productiva de los últimos 25 años.
En un reciente documento de discusión, preparado por los economistas Eduardo Basualdo, Enrique Arceo, Martín Hourest y Claudio Lozano, se plantea que “es indispensable vincular el replanteo frente al endeudamiento con el objetivo de garantizar la radicación del excedente en la economía doméstica, impidiendo el drenaje de recursos del exterior y reformulando el ciclo económico local”. Esos economistas sostienen que la meta es cambiar la lógica de acumulación en base a rentas fáciles, las financieras, y promover el desarrollo productivo local. Uno de los aspectos más desafiantes de su propuesta apunta a que el tema central de la negociación con los acreedores debería situarse en la persistente fuga de capitales. Un dato, que no es menor, es que buena parte de la deuda está en manos de residentes locales, sea porque éstos tienen títulos en cuentas radicadas en la Argentina o porque los mantienen en el exterior.
Los economistas de la CTA exponen que “habida cuenta de la envergadura de la deuda, por unos 140 mil millones de dólares, y de la estrecha asociación que ésta exhibe con el fenómeno del endeudamiento (por cada dólar de deuda hay, aproximadamente, un dólar de fuga), la cuestión radica en colocar los fondos en el exterior correspondientes a residentes locales como base y garantía para afrontar los compromisos”. Es decir, vincular la cancelación de la deuda con el cobro del impuesto al patrimonio y a las ganancias sobre esos capitales. La idea no deja de ser provocadora e, incluso, puede llegar a ser calificada como imposible de llevarla a la práctica. Resulta provocadora porque pone en discusión el dinero fugado por argentinos, que no se refiere a la clase media temerosa por defender sus ahorros sino a los grupos económicos. Pero también merece destacarse que esa iniciativa sólo es viable si los países centrales donde están depositados esos capitales admiten afectar esas colocaciones. Alternativa que en estos momentos se presenta de difícil implementación, aunque existe un antecedente de colaboración de Estados Unidos con México en materia impositiva para gravar capitales fugados.
Otra cuestión relevante respecto del endeudamiento tiene que ver con la deuda en manos del sistema financiero local y con las AFJP. El cuarteto Basualdo, Arceo, Hourest & Lozano señala con oportunidad, dadas las presiones de la banca sobre Lavagna, que se debe garantizar la efectiva pesificación de esa deuda. A la exigencia de las AFJP de redolarizar los préstamos garantizados, la refutan con el sencillo argumento de que los dólares en las carteras de esas Administradoras jamás existieron porque los “aportes previsionales de los trabajadores se realizaban en pesos”. Claro y contundente.