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A inicios de los noventa el Plan Brady otorgó a Latinoamérica la posibilidad de ingresar nuevamente a los mercados de capitales, y evitar así la monetización de los abultados déficit fiscales. Ello permitió que los gobiernos cambiasen el impuesto inflacionario por mayor deuda pública, lo que a corto plazo implicó bajar drásticamente los niveles inflacionarios de la región. Para evitar la dinámica explosiva que implicaba tomar deuda para financiar déficit fiscales, los gobiernos se comprometían frente al FMI a un conjunto de reformas tendientes a estabilizar las cuentas públicas. Argentina fue partícipe de este cambio de paradigma en América latina, aunque con el toque distintivo que le otorgaba el Plan de Convertibilidad.

De más está decir que Argentina no logró estabilizar las cuentas públicas durante la convertibilidad, algo que se pone en evidencia en el incremento de la deuda pública en 80.000 millones de dólares entre 1991 y 2001 (a un promedio de 8000 millones anuales, además de la venta de YPF), para alcanzar un total de 144.000 millones de dólares, antes del default.

Si bien el plan de convertibilidad arrastrando la cruz de la apreciación cambiaria ya tenía peso propio para fracasar aun con una dinámica de deuda más estable, lo cierto es que la Argentina pasó de la hiperinflación al hiperendeudamiento y su consecuente default, producto de tener cuentas fiscales deficitarias. Es decir, lo que cambió fue la forma de manifestación de la misma crisis fiscal, en los ’80 con inflación, y en los ’90 con endeudamiento y default.

La postconvertibilidad parece un paréntesis de la historia económica argentina. La soja transgénica combinada con el voraz apetito de China y la decisión política de sostener un tipo de cambio competitivo que permita cobrar retenciones y al mismo tiempo poner una valla de contención a las importaciones fueron la fórmula para que Argentina encuentre superávit fiscal y externo por el mayor período de la historia de las últimas décadas, que habilitó un fuerte proceso de desendeudamiento.

El resto de la historia ya se encuentra en los diarios, una política fiscal que nunca dejó de ser expansiva recalentó la de por sí alta demanda agregada, generando inflación y deteriorando las cuentas públicas a punto tal que llevó al Gobierno a perder por completo el superávit fiscal. En efecto, la crisis de 2009 expuso la advertida vulnerabilidad de las cuentas fiscales, y el BCRA comenzó nuevamente a monetizar el déficit fiscal, ahora “camuflado” mediante las utilidades del BCRA. La historia reciente nos recuerda que la forzada separación de los balances del Banco Central y del Tesoro Nacional tal como imponía la convertibilidad, en un contexto de déficit fiscal, sólo logra evitar la inflación que resulta de la monetización del déficit a costa de un mayor endeudamiento. Dicho de otra manera, sólo posterga el problema para más adelante si no se ataca el problema de fondo, como son las cuentas fiscales deficitarias.

Por lo tanto, “rasgarse las vestiduras” por la independencia del BCRA no asegura evitar la próxima crisis. De hecho, obligar a que el Gobierno se endeude en cantidad y tasas que van más allá de la capacidad de repago futuro puede ser tan (o más) peligroso como la monetización del déficit que se quiere evitar. Ningún camino de financiamiento será sustentable si se parte de cuentas fiscales no sostenibles en el tiempo. Son sólo diversos caminos para un mismo final.

En tal sentido, hoy no hay desbalances macroeconómicos que por sí solos conlleven a un desastre o a una “megacrisis” en el corto plazo. De hecho, todo lo contrario. Un superávit comercial superior a los 14.000 millones de dólares, más 48.000 millones de dólares de reservas, frente a un déficit fiscal de 0,5 por ciento del PBI y necesidad de divisas por sólo 4700 millones de dólares, da fe de ello. El contexto macroeconómico local y tasas internacionales nulas hace racional e incluso conveniente el pago de la deuda con reservas del BCRA. Pero ello no justifica que ante la completa falta de financiamiento externo, y a tasas congruentes en el mercado interno, lleve al Gobierno a la imprudencia de reemplazar al superávit fiscal por el impuesto inflacionario. De hecho, una política fiscal expansiva y una imprudente política monetaria pueden reactivar niveles de inflación de mayor magnitud, recordando que se parte de un piso del 15 por ciento. La reactivación económica junto a la buena cosecha otorgan la posibilidad para recuperar el superávit fiscal perdido tras la crisis y excesos del pasado, sin por ello afectar el crecimiento económico. Ello sumado a completa renegociación de la deuda pública en default permitirá recomponer la solidez macroeconómica que asegura el pago de la deuda pública en el tiempo, sin necesidad de apoyarse sobre el impuesto inflacionario

* Economista jefe de Econométrica.