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El endeudamiento es una política permanente de la burguesía argentina, de todas sus fracciones, a lo largo de la historia. Es la forma en que el capital ficticio, cuando la renta de la tierra no alcanza, viene a compensar temporariamente el atraso sistemático de la productividad del trabajo local. Cuando la situación resulta insostenible (fines de 2001), se proclama el default para regenerar las condiciones en que opera la economía local: mediante la devaluación (principios de 2002) se procede a desvalorizar la fuerza de trabajo, se promueven las exportaciones y se hace posible el ingreso de divisas. Recuperada la economía sobre esas precarias bases, las ventajas obtenidas se licuan y la revaluación del peso (desde el 2006) debe compensarse con un nuevo ciclo de endeudamiento. La disputa entre gobierno y oposición por el Fondo del Bicentenario no tiene como causa de dónde sale la plata para pagar la deuda sino cómo se garantiza un nuevo endeudamiento. Una muestra contundente de la coincidencia programática y de intereses de los dos bandos en disputa es que ambos quieren volver a endeudarse para intentar salvar a la burguesía en crisis. Su única distinción es táctica. La oposición quiere que el Gobierno haga el ajuste y pague el costo (por eso, con la excusa de la autonomía del BCRA, exige el uso de las arcas fiscales), mientras que el Gobierno aspira a posponerlo para que el problema estalle, de ser posible, después de las elecciones de 2011.

Pese a los discursos oficiales, lo que esta disputa muestra es el escenario de crisis general de la acumulación de capital en la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trató de zafar, primero aumentando las retenciones, después nacionalizando las AFJP. Fracasadas esas alternativas, ahora vuelve al plan original de la campaña electoral, cuando viajó por Europa y los Estados Unidos: arreglar con los bonistas y el Club de París para poder pedir fondos otra vez.

El reingreso al circuito financiero internacional tiene como contrapartida favorecer a los capitalistas que prestan. Nadie da sin pedir nada a cambio. Lo primero que exigirán los acreedores será un peso más fuerte para aumentar la capacidad de importación del país, y para que las empresas extranjeras radicadas en la Argentina remitan mayores ganancias en dólares. El resultado será una contracción en la actividad económica, menor recaudación y menor empleo. Es decir lo mismo que proponen a coro Carrió, Duhalde, Cobos, De Narváez y Macri. En definitiva, esta disputa es una confirmación de que ninguno de los dos ofrece una alternativa, ni siquiera parcial, frente a la crisis a favor de los trabajadores.

La deuda, entonces, no es el problema central de la economía argentina, sino la forma en que se manifiesta su escasa capacidad competitiva general y su creciente crisis. Como ya hemos visto, dejar de pagar es la antesala de volver a pagar, que es el paso previo al retorno a la “buena conducta”. Por la misma razón, si por arte de magia se pudiera pagarla por completo, reaparecería en un plazo breve. No es la deuda la causa sino la consecuencia de las taras histórico-estructurales que corresponden a la naturaleza capitalista del país y al lugar que le cupo (y le cabe) en el proceso de acumulación mundial y que no tiene solución bajo esta forma social

* Observatorio Marxista de Economía-Ceics.