Las turbulencias financieras que en un comienzo hicieron epicentro en Grecia amenazan a otros países de la Unión Europea, siendo España la economía europea de mayor tamaño que hoy se encuentra bajo observación. La mirada de los analistas no sólo se concentra en la capacidad de pago actual del fisco español, sino también apunta a la sostenibilidad del régimen previsional a lo largo del tiempo. En tal sentido, el gobierno socialista español acaba de lanzar una propuesta de modificación a su sistema previsional justificada en la amenaza que para el mismo representan el creciente envejecimiento de la población y el retraso de los jóvenes a incorporarse al mercado laboral.

El retraso de edad jubilatoria de los 65 a los 67 años ha sido el eje sobre el que han girado las discusiones políticas de las últimas semanas. El gobierno sostiene que, manteniendo el nivel actual de aportes y al ritmo de envejecimiento actual de la población, el superávit presente de la Seguridad Social se irá desvaneciendo hasta entrar en déficit para el año 2020, lo que implicaría una reducción drástica de la cobertura actual. Los sindicatos mayoritarios, de tendencia socialista y comunista, descalificaron la reforma señalando que el sistema actual es sostenible y tiene una situación financiera saneada. El sistema público de pensiones español es uno de los que más cobertura ofrecen en términos de sustitución del salario, ya que la jubilación representa casi el 80 por ciento del último salario, mientras que esa proporción se reduce a 50 por ciento en Alemania, 40 en Inglaterra, y cerca del 30 en Holanda. No es sencillo comparar el grado de protección de estos sistemas, ya que estos países compensan parcialmente esta menor cobertura pública con sistemas complementarios de capitalización muy desarrollados. En el caso de Inglaterra, el gobierno lanzó recientemente una propuesta de aumentar la carga impositiva sobre contribuyentes de altos ingresos para fondear su sistema previsional.

El actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y ex ministro de Economía mexicano, Angel Gurría, explicó esta semana la encrucijada española con crudeza: “No es un tema ideológico, ni moral, aunque tenga implicaciones en dichos ámbitos; es un simple problema aritmético: hace algunas décadas los españoles vivían unos siete años después de jubilarse; hoy viven cerca de 20. Hay que resolver el cálculo actuarial, porque, si no, no se sostiene”. Sobre el estiramiento en las edades jubilatorias, Gurría sostuvo: “No sólo todos los países de la OCDE se están moviendo en esa dirección, sino que algunos empiezan a pensar en vincular las pensiones percibidas a la esperanza de vida una vez cumplidos los 65 años”. La esperanza de vida mide el número de años que vive una persona desde que nace hasta que fallece. Numerosos intelectuales señalan al aumento de la esperanza de vida de los últimos dos siglos como el principal logro colectivo de la humanidad. Los números que respaldan esta afirmación son contundentes. Mientras que la esperanza de vida promedio de la población mundial al nacer se ubicaba alrededor de los 30 años en 1800, el mismo concepto hoy ya supera los 65 años. Este fenómeno abre interrogantes morales, religiosos y hasta filosóficos respecto de como se compatibiliza vivir más con vivir mejor. A la sociedad española le toca discutir en estos días esta problemática, pero tarde o temprano y en forma recurrente todas nuestras sociedades deberán debatir en forma abierta y democrática cómo universalizar –con cifras y sin voluntarismos– estos derechos sociales, priorizando a los sectores más vulnerables