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Por Bruno Capra *

Las telefónicas hacen referencia a “un ineludible proceso de retraso tecnológico” que se produciría “por la discontinuidad en el ritmo de inversiones” derivada de la no aplicación de algún tipo de compensación oficial a sus ingresos. ¿Por qué debería producirse tal retroceso? ¿Es posible bajar de la nulidad en la que hoy estamos en materia tecnológica en la industria electrónica argentina? Nulidad producida justamente por el incumplimiento de los contratos de concesión en lo referido a la obligatoria contratación con la industria argentina para el equipamiento telefónico. La obligación emana del Capítulo 15 de los pliegos de la privatización de ENTel.
Cabe recordar que el primer presidente de Telefónica de Argentina, José Luis Sánchez de Bustamante, batalló para que se les permitiera a las telefónicas violar la reglamentación del Compre Argentino. Luego de no poder sortear la oposición que le hacía Raúl Otero, por entonces secretario de Comunicaciones, y Juan Llach, en aquel entonces viceministro de Economía, Bustamante obtuvo la ansiada violación de parte de Domingo Cavallo.
A partir de entender a la tecnología como al conjunto ordenado de conocimientos empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios, ¿cuál es el aporte que las empresas telefónicas le hicieron al país desde que tomaron a su cargo la prestación del servicio? Para proveerse de equipamiento jamás se llamó a licitación nacional, tal como lo dispone la normativa, con lo cual siempre se favoreció a empresas relacionadas sean proveedores locales o extranjeros. Argentina ha tenido un progresivo retraso tecnológico en su industria electrónica, debido al comportamiento de las telefónicas, que han provocado con su accionar importador el desarme de la industria proveedora nacional.
El impresionante nivel de importaciones de las telefónicas fue en detrimento de la industria nacional. Las compras en el extranjero que realizaron las firmas durante los ‘90 derivó en el desmantelamiento de la muy importante y dinámica industria local de proveedores. Aunque existía una Ley de Compre Argentino, las telefónicas la violaron sistemáticamente. Asimismo, como muchas de esas importaciones provinieron de firmas vinculadas, las prestadoras del servicio básico telefónico aplicaron precios de transferencia, lo que les posibilitó elevar artificialmente sus costos internos y, por esa vía, eludir el pago del impuesto a las Ganancias en el país y fugar capitales.
La Auditoría General de la Nación, el ombudsman nacional, la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de las Privatizaciones deberían investigar estos hechos y propender a la obtención de un nuevo equilibrio aplicando las sanciones correspondientes a ese ilegal comportamiento de las prestadoras de servicios telefónico.

* Empresario electrónico y ex integrante de la Cámara de Fabricantes de Equipos Electrónicos (CADIE).