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Los avances recientes en el esquema previsional y la gestión de la Anses, en consonancia con el fin del negocio especulativo de las AFJP, han ampliado la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho e instrumentaron aumentos de casi un 500 por ciento desde 2003, estableciéndose por ley una actualización semestral de los haberes.

El 28 de julio último, la presidenta Cristina Fernández anunció una suba del 22 por ciento en las asignaciones familiares que cobran los asalariados en blanco y en la Asignación Universal por Hijo y confirmó el incremento del 16,9 por ciento en los haberes jubilatorios, como prevé la ley de movilidad. En consecuencia, el haber mínimo ascenderá de los 895,20 pesos actuales a 1046,50 pesos que, más el subsidio del PAMI, elevará la jubilación mínima a 1091 pesos. La Presidenta anunció también el ajuste de la AUH, que alcanza a 3.684.000 niños, que pasará de 180 a 220 pesos.

En este contexto se ha reavivado el debate previsional basado sobre la excepcional resonancia social de la propuesta de incremento del haber mínimo jubilatorio al 82 por ciento mínimo, vital y móvil, que alcanzaría a más de 5 millones de personas, es decir, obligaría al Gobierno a asumir un elevado costo político si no apoya la medida. Ese reclamo siempre contó con el apoyo de Apyme, del IMFC, la CTA y de otros sectores del campo popular que en varias oportunidades acompañaron a los jubilados en sus marchas de los días miércoles para reclamar justicia social. Además de la equidad que significaría su implementación, la medida redundaría en un estimulante refuerzo del mercado interno, base tradicional de sustentación de las Mipymes.

Desde un punto de vista técnico, los diferentes proyectos no logran traspasar un primer examen de viabilidad ni tienen seriamente en cuenta la todavía muy alta tasa de empleo informal. Por ejemplo, dada la envergadura del monto involucrado, la reforma propuesta necesitaría determinar con precisión el origen de los recursos, cosa que no hace. Sólo el aumento de los haberes mínimos significaría 1,8 por ciento del PIB, equivalente a tres veces el monto de la Asignación Universal por Hijo. La recomposición de todos los haberes en total elevaría el costo a cerca del 3,0 por ciento del PIB. El estado de las cuentas fiscales no genera ese superávit y difícil es pensar que sin reforma tributaria o cambios en el gasto lo haga en el futuro. Lamentablemente se dejan traslucir fuentes de financiamiento basadas sobre la disminución de los fondos destinados, entre otras prioridades, a inversiones en vivienda, salud y educación. Los grandes empresarios ya admitieron su preocupación de que la propuesta de incremento no afecte sus muy significativas ganancias, por ejemplo mediante la restitución de aportes patronales en niveles previos a 1993.

Además, según las proyecciones para la Argentina, dentro de 40 años los adultos mayores de 65 años serán 5,5 millones más que hoy, mientras que los aportantes se incrementarán en menos de 5 millones. Paradójicamente, gran parte de los que reclaman la recomposición de las jubilaciones son quienes recortaron esos haberes en épocas del auge neoliberal y hoy procuran disminuir los ingresos fiscales por la vía, entre otras, de la eliminación de las retenciones a las exportaciones.

La trampa de utilizar reclamos justos para asfixiar al Estado es un peligroso oportunismo político. Lo expresó claramente la Presidenta: “No se puede pasar de descontar sueldos a jubilados y pensionados a convertirse en abanderados de los humildes”. Desde Apyme reiteramos que medidas como la que está en discusión deben sustentarse fundamentalmente sobre una imprescindible reforma tributaria de carácter progresivo, motor de una justa distribución de ingresos, ligada a un serio debate acerca de un nuevo régimen previsional. Al mismo tiempo es preciso poner en práctica políticas segmentadas para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, que contemplen la realidad de las economías regionales y de las unidades de mano de obra intensiva, tal como lo viene expresando nuestra entidad en su propuesta hacia una nueva Ley de Desarrollo Mipyme

* Departamento Nacional de Economía de Apyme.