La sociedad contemporánea se encuentra atravesada por intensos vientos de cambio. Esas transformaciones sociales generan nuevos retos operativos y presupuestarios a la administración gubernamental. Por ejemplo, el envejecimiento poblacional constituye un severo desafío a la sustentabilidad de los sistemas jubilatorios actuales. En los últimos veinte años, la esperanza de vida de los habitantes argentinos se elevó desde los 66,8 (varones) y los 73,7 años (mujeres) a los 70,6 y 78,1 respectivamente. La elevación del promedio de vida y la disminución de los nacimientos trastrocaron los pilares del clásico régimen de previsión social.

El crecimiento de la dependencia de los adultos mayores obligará a reorientar la estructura del gasto público en el futuro. El envejecimiento poblacional no es la única modificación importante que está alterando la conformación de los hogares. La arquetípica estructura familiar viene sufriendo fuertes modificaciones desde hace bastante tiempo. En el documento Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y demandas para la acción pública, las consultoras de la Cepal Marcela Cerrutti y Georgina Binstock relatan los cambios demográficos, sociales y familiares que están ocurriendo en todos los países latinoamericanos. Una de esas transformaciones es el incremento de las disoluciones o de las uniones de hecho. La tasa de divorcios/separaciones de las mujeres argentinas –entre 25 y 54 años– subió del 7,1 al 10,7 por ciento durante los últimos veinte años. Ese porcentaje promedio no da cuenta de las diferencias existentes en los distintos estratos etarios. Binstock detalla que seleccionando como unidad de análisis el universo compuesto por aquellas mujeres nacidas entre 1930 y 1934, solamente disolvieron su vínculo –antes de cumplir los 5 y los 20 años de matrimonio– entre un uno y un siete por ciento, respectivamente, cifras publicadas en su investigación Cambios en las pautas de formación y disolución de la familia entre las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, el porcentaje se eleva al 8 y al 27 por ciento respectivamente, en el caso de aquellas nacidas un cuarto de siglo más tarde (entre 1955 y 1959). Por otra parte, el 21 por ciento de las mujeres nacidas después de 1970 se separaron o divorciaron antes de cumplir los diez años de casados. Esas disoluciones familiares impactan en los contextos residenciales en que los niños crecen. Cerrutti y Binstock apuntan que “entre un quinto y más de un tercio de todos los niños y niñas latinoamericanos de hasta 14 años de edad viven en hogares cuyo jefe es una mujer. Esto es un hecho significativo desde el punto de vista de las políticas públicas destinadas tanto a la pobreza como aquellas que tienden a promover la mejor inserción de la mujer en los mercados de trabajo. Los hogares con jefatura femenina son en su mayoría hogares monoparentales, y por ende tienen a su cargo las responsabilidades productivas y reproductivas. Por otra parte en general la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares con jefatura femenina”. En el caso argentino, poco más del 26 por ciento de los niños vive en hogares de esas características. De todas maneras, las residencias nucleares biparentales continúan siendo el modelo predominante: 52,7 por ciento de los hogares argentinos. Las modificaciones en la dinámica y estructura familiar se produjeron concomitantemente con la redefinición de los roles estatales. Como señalan esas consultoras de la Cepal, “prácticamente todos los países de la región luego de transitar la década perdida de los ochenta, y las distintas variantes de ensayos políticoeconómicos de apertura y desregulación de los mercados en los noventa experimentaron un retroceso en materia de equidad... Las familias, en su proceso de transformación, tuvieron que enfrentar y adecuarse a las nuevas circunstancias en función de los recursos y los activos disponibles... las transformaciones en los contextos familiares vinieron acompañadas por un empobrecimiento de la oferta y calidad de servicios públicos y de apoyo institucional. Esta situación los condenó a un estado de carencia y desprotección con pocas posibilidades de movilidad y progreso”. Recuperar la capacidad estatal para diagnosticar adecuadamente las vulnerabilidades familiares es el primer paso para diagramar políticas públicas efectivas que dejen atrás la lógica neoliberal

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