Los diputados que integran la Comisión de Finanzas iniciaron el debate del proyecto de nueva ley de entidades financieras. Hasta el momento existen tres iniciativas. La principal diferencia es que la impulsada por Carlos Heller contempla al sistema financiero como un servicio público. Esto implica la posibilidad de que el Estado pueda intervenir con más herramientas en esa rentable actividad. Como rasgo común se encuentra la intención de redireccionar el crédito hacia el sector productivo. De todos modos, la actual Carta Orgánica del Banco Central contempla esa posibilidad.

La premisa de la que parte Heller es limitar la concentración de la actividad en pocas entidades y acercar todos los servicios bancarios principalmente a las pymes. Ese proyecto convertido en ley obligaría a los bancos a destinar no menos de un 38 por ciento del total de sus financiaciones del sector privado a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2 por ciento a microemprendimientos. Estos mínimos forzarían una reorientación de los fondos. Los bancos se encuentran actualmente volcados al negocio transaccional, con poca vocación de intensificar la intermediación financiera.

El exceso de liquidez en el sistema no se destina a líneas para el sector empresario , sino que gran parte es colocado en instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por el Banco Central. Esta semana la autoridad monetaria absorbió 2323 millones de pesos del mercado a través de Letras y Notas, convalidando tasas del 11,3 al 14,8 por ciento, según el plazo. Esa opción es tentadora para los banqueros por la elevada tasa y el bajo riesgo. Incluso el gobierno porteño colocó parte del dinero obtenido en la última emisión de bonos Tango, supuestamente para obras de infraestructura, en este tipo de activos.

Las cámaras que reúnen a bancos nacionales y extranjeros señalan que hoy existe una serie de instrumentos que podría utilizar el Central para redireccionar los fondos. Afirman que el BC no los aplica. “Debe trabajarse sobre mecanismos que permitan mediante encajes que los fondos tengan una orientación mejor. Si uno presta para la inversión y a largo plazo, debería tener un beneficio en cuanto al (menor) encaje que el que presta a una tasa más alta y a corto plazo”, explicó el titular del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega. El encaje es la inmovilización de una parte de los depósitos.

La creación de requerimientos mínimos de capital se circunscribe a las normas de Basilea. Esas normas potenciaban los préstamos de corto plazo, ya que los encajes se hacían de acuerdo con la calificación del destino de la inmovilización. Un préstamo de corto plazo suele ser más seguro que los de largo. Esto buscó cambiarse con Basilea II, sin mucho éxito hasta el momento. No obstante, en la Carta Orgánica del Central está contemplada la posibilidad de utilizar esta herramienta. En su artículo 18 permite “establecer políticas financieras orientadas a las pymes y a las economías regionales, por medio de exigencia de reserva o encajes diferenciales”.

Por el momento, el encaje sólo varía según la clasificación del depósito en cada banco. En los últimos años hubo varias propuestas para que el BC utilice este mecanismo. La primera vez fue con la ex ministra de Economía Felisa Miceli y el pedido se fue sucediendo con cada uno de los sucesivos titulares del Palacio de Hacienda. La gestión de Martín Redrado en el Central impidió que el pedido llegara a buen puerto. En la plaza financiera sostienen que con una orientación más industrialista, la actual titular del Central, Mercedes Marcó del Pont, podría encarar un programa de ese tipo