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La liviandad que expresan las dramáticas imágenes que, a la manera de enfrentamientos entre los miembros de “una gran familia de desposeídos”, se observan en las pantallas de la televisión plantean la necesidad de ubicar el problema en el marco de las particularidades del actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación arrojó datos de los ocupantes del Parque Indoamericano: 5866 personas acamparon en el Parque Indoamericano, que incluyendo a los integrantes de sus familias sumaron 13.333 en total. La información es muy esclarecedora y hace desvanecer afirmaciones sin sustento sobre las características de los acampantes. Se deduce de esos datos que los ocupantes habitan la propia ciudad, no provienen de un mundo raro y lejano. Gran parte están desatendidos por programas sociales de la CABA y casi nadie tiene una propiedad anterior. Vienen de los bordes más pobres de una “ciudad neoliberal”. Son de una ciudad que destina buena parte de sus recursos a volver a asfaltar las congestionadas calles y, fundamentalmente, descansa su accionar en los mecanismos del mercado para organizar y diseñar las políticas urbanas.

A la ciudad neoliberal de Macri hay que contraponerle otro modelo de gestionar los ensambles de coexistencia entre los ciudadanos de la CABA. Para ello hay que entender que la ciudad es un espacio social, es un lugar donde se desarrollan conflictos y contradicciones propias del uso del territorio y, al mismo tiempo, se expresan las relaciones sociales existentes. Es necesario reconocer que los territorios urbanos son el resultado de la dinámica cruzada por contradicciones de una producción social, económica y política, asentada en un espacio físico delimitado. Son, por tanto, una construcción de un tiempo y un espacio con historia en la que confluyen poderes económicos materiales, simbólicos y políticos, conjugando múltiples y diversas identidades, tradiciones y leyendas. En este escenario urbano, el Estado local, con sus distintas funciones de poder y capacidad de ordenar el territorio, es el actor central. Dicho Estado es el responsable de diseñar, manejar los recursos y aplicar eficientemente una “política urbana”.

Existen algunos aspectos enfocados a la política de vivienda que ineludiblemente se deben contemplar en un proyecto de ciudad que confeccione ciudadanía. Y se pueda realizar en el marco de la mundialización (ahora en crisis) que atraviesa a las grandes metrópolis. Se debe articular a otros temas de la política económica y social, como la educación, la salud, el desarrollo de actividades que generen empleos genuinos y la prevención de la seguridad ciudadana. La política urbana debe complementar dos complicadas dimensiones: una fija con otro circuito móvil. La primera comprende el suelo y el marco construido (viviendas, equipamiento e infraestructura). El suelo se produce por el cambio de uso rural a urbano y por la transformación de edificaciones en el ámbito. Una política urbana estructurada debe contemplar, como punto de partida, el provisorio y anticipado acervo de reservas de tierras para distintos usos, entre los más relevantes es la dotación de tierra para uso de los segmentos más pobres de la ciudad.

La construcción y mantenimiento de las viviendas sociales para los sectores más pobres y de ingresos medios bajos debe ser parte clave de la política habitacional del gobierno local. Las vías de acceso tienen que considerar distintas modalidades de financiamiento y construcción de las viviendas y su entorno urbano, con la participación de los movimientos sociales preexistentes y los recientemente creados que activan asentadas en el territorio. Este es uno de los pilares de un proyecto urbano que se debe completar con la dotación de medios de transportes colectivo eficientes, cómodos y accesibles a los sectores populares que viven, trabajan y circulan por la Ciudad de Buenos Aires

* Docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Director de la Revista de Ciencias Sociales de la UNQ.