Las Jornadas sobre Trabajo e Inclusión Social, organizadas por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y el Centro de Estudios Perspectiva Sur, apuntaron a debatir la importancia de reforzar la articulación entre la investigación académica y la gestión de gobierno para avanzar en el desarrollo del Estado. Marta Novick, titular de la subsecretaría, reconoce que “es imprescindible superar el divorcio entre academia y política”. El debate que se ha retomado sobre un acuerdo social tripartito que permita arbitrar las contiendas laborales en un entorno más amplio en 2011, apunta a profundizar los espacios institucionales que el Estado viene promoviendo en su interior y en relación con los actores sociales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó la necesidad de “racionalizar la puja distributiva a través de las instituciones”. El ministro Carlos Tomada se mostró en sintonía al resaltar que “es necesario aceptar y dar cuenta del antagonismo que prevalece en cualquier sistema de relaciones de trabajo, y al mismo tiempo deben agotarse los mecanismos institucionales que el Estado supo recuperar para canalizar el conflicto antes que explotar otras formas de manifestación que perjudican a terceros”.

Entre las respuestas que consiguió la política para atender las problemáticas laborales estos últimos años se destaca una clara tendencia decreciente de la tasa de desempleo y un crecimiento sostenido del empleo. Esto último se vio acompañado por un aumento de la participación de los trabajadores registrados en la población de edad económicamente activa y por una caída de la participación de los desocupados y los trabajadores informales. Finalmente se verificó una marcada recuperación del poder adquisitivo del ingreso laboral a partir de los incrementos del salario mínimo, del salario real (que en 2010 llegó a captar 43 por ciento del ingreso nacional) y de la productividad del trabajo.

La administración de un tipo de cambio real y competitivo, junto al control del precio de los alimentos (mediante retenciones a las exportaciones de productos primarios), consiguió reanimar la capacidad de la estructura productiva para generar puestos de trabajo, en el marco del incentivo que otorgan los precios relativos devaluados en actividades intensivas en mano de obra, como la industria y las exportaciones de servicios y manufacturas. Esta situación, a su vez, contribuyó a fortalecer el poder de negociación de los sindicatos, debido a que el crecimiento permanente de la actividad económica los devuelve al centro de la escena.

El ejercicio de las instituciones laborales, como los convenios colectivos y el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, también jugó un rol central en la recuperación del poder adquisitivo del salario. Y no sólo del salario de los trabajadores registrados sino también en lo relativo a los informales, toda vez que esos espacios abrieron otras instancias de diálogo social. Se destaca el avance institucional en el ámbito de la negociación salarial. La cantidad de trabajadores del sector privado que están amparados en los convenios colectivos aumentó 60 por ciento desde 2003, y en 2010 llegó a abarcar a casi 5 millones. A su vez, el número de acuerdos homologados alcanzó los 1300 en 2009, mientras que en la década de los ’90 no sumaban más de 200 por año. Y las pautas de aumento del salario nominal que se fijaron año tras año estuvieron en promedio por encima de la inflación. Es decir que, a través del régimen de paritarias, los trabajadores del sector privado obtuvieron incrementos continuados de su salario real, que a su vez sirvieron de espejo para los acuerdos de los empleados públicos y trabajadores no registrados, que también consiguieron mejoras reales. Una pieza clave del tendido institucional del ámbito laboral fue el programa Repro. En especial durante el año de la crisis, donde jugó un rol central para proteger el empleo en las empresas más vulnerables. Alrededor de 3 mil establecimientos recibieron subsidios del Repro en 2009 y 77 por ciento eran pequeñas y, medianas empresas

* Economista de AEDA y Generación Política Sur.