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Andrew Cuomo dejará de ser fiscal del Estado para convertirse en el nuevo gobernador demócrata del estado de Nueva York. En las elecciones neoyorquinas del pasado 2 de noviembre se impuso al conservador Carl Paladino, quien –según diversos analistas– perdió apoyo en las urnas al pronunciarse en contra del casamiento homosexual y del aborto. En una de sus últimas intervenciones como fiscal, Cuomo presentó una demanda civil contra la firma de auditores Ernst & Young LLP por su papel en el colapso de Lehman Brothers, al avalar artilugios contables cuyo propósito era esconder información financiera negativa de la mirada de los inversores.

Al acercarse el final de cada trimestre y poco antes de quebrar, Lehman hacía desaparecer de su balance –sólo por unos días– activos financieros por cerca de 50 mil millones de dólares. Esa maniobra instrumentada a través de una operación de venta presente y recompra futura de activos financieros le permitía maquillar sus estados contables para que lucieran mejor de lo que en realidad estaban.

En su demanda, Cuomo sostiene que, al no transparentar estas operaciones, Ernst & Young incumplió su rol como auditor, “facilitando directamente un importante fraude contable”, por lo que demandó a la compañía por 150 millones de dólares. Cuando una empresa busca que le presten plata en el mercado financiero, debe cumplir con una serie de requisitos vinculados con auditorías y con calificaciones. Mientras que la función del auditor consiste en dar fe de que los balances expresan en forma fidedigna la situación económico-financiera de la empresa, las agencias calificadoras deben establecer cuáles son los riesgos de que las obligaciones emitidas no sean pagadas en tiempo y forma.

El rol de las compañías que se dedican a auditar estados contables comenzó a ser severamente cuestionado a partir de 2001, al producirse la quiebra de la empresa energética Enron, que dejó en la calle a más de 21 mil trabajadores y afectó el patrimonio de cientos de miles de inversores en todo el mundo. Como producto de ese fraude, la consultora Arthur Andersen –que auditaba los balances de Enron– desapareció luego de ser acusada de contribuir a camuflar la precaria situación financiera del gigante energético.

A partir de ese y otros escándalos contables se decidió en los Estados Unidos reemplazar un esquema basado en la autorregulación por otro sustentado en la regulación pública de las grandes auditorías, creándose un organismo independiente de las compañías del sector llamado Comité de Control de Empresas de Auditoría. La denuncia de Cuomo puso en evidencia que ese cambio regulatorio –aunque bien orientado– no resultó suficiente para prevenir nuevos fraudes contables.

Del otro lado del Atlántico, recién en octubre de este año, la Comisión Europea presentó un informe denominado “Política de auditoría: lecciones de la crisis”, en el que cuestiona el rol de las grandes auditoras en la reciente crisis financiera internacional. En ese documento se plantean dudas de la independencia existente en un mercado dominado por sólo cuatro empresas (Deloitte, PricewaterhouseCooper, Ernst & Young y KPMG) que auditan siete de cada diez empresas que cotizan en la Unión Europea y nueve de cada diez en Inglaterra. El documento europeo propone la creación de un órgano de supervisión similar al instituido en Estados Unidos.

Sin embargo, si lo que se busca es brindar los incentivos correctos para que estas instituciones cumplan con el rol protectivo para el que fueron creadas, debe enfrentarse el nudo central del problema. Mientras que tanto los auditores como las calificadoras sean empresas con fines de lucro que deban su subsistencia y sus utilidades a los honorarios que reciben por parte de las empresas a las que auditan o califican, su independencia estará siempre y naturalmente comprometida

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