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Por Fernando Krakowiak

Daniel Azpiazu es economista de Flacso e integrante del Plan Fénix. Santiago Urbiztondo es investigador de FIEL. Sus posturas ideológicas son opuestas, pero coincidieron en elegir a las empresas privatizadas como su objeto de estudio. Cash decidió reunirlos en la redacción de Página/12 para polemizar sobre el aumento de tarifas y la renegociación de los contratos. Urbiztondo señaló que las tarifas tienen que aumentar porque no se puede discriminar a las empresas de servicio público si se quiere preservar la seguridad jurídica. Azpiazu contraatacó al afirmar que ese planteo es “muy tramposo porque durante la década del ‘90 se violaron sistemáticamente los derechos de los usuarios y nadie se acordó de la seguridad jurídica”. Ambos coincidieron en que la provisión de los servicios no corre riesgo en el corto plazo y en que las empresas no se irán. También acordaron que será muy difícil avanzar con los aumentos y la renegociación de contratos en el marco de la Ley de Emergencia Económica. Pero los temores son diferentes. Para Urbiztondo, lo peor sería “cerrar la competencia para compensar la caída en los ingresos de las empresas”. Mientras que para Azpiazu el riesgo mayor “es que se siga violando la ley como durante la década del ‘90”.
¿Para garantizar la provisión de los servicios públicos hay que aumentar las tarifas?
Santiago Urbiztondo: –En el corto plazo no se va a experimentar una disminución abrupta de los niveles de provisión porque en los distintos sectores se realizaron inversiones que no se deterioran en un año. Pero no se va a poder sostener por mucho tiempo una reducción en términos reales de las tarifas en el contexto de incertidumbre actual. El Estado debe definir reglas de juego claras para evitar demandas de los accionistas. Es central no aplicarles a las privatizadas un tratamiento discriminatorio respecto de las actividades desreguladas. Los valores en dólares de los activos fijos cayeron para todos, pero en las actividades desreguladas los nuevos costos fueron cubiertos por un aumento de precios. Nadie sigue llevando bienes al mercado si no garantiza los costos de producción. La seguridad jurídica consiste en tener tarifas que permitan cubrir los costos operativos y obtener alguna rentabilidad de capital.
Daniel Azpiazu: –Lo que dijiste es clave, pero apelar a la seguridad jurídica de las empresas frente a un cambio en la paridad cambiaria es muy tramposo porque si algo estuvo alterado sistemáticamente durante los ‘90 fue la seguridad jurídica de los usuarios. La Ley de Convertibilidad fue violada sistemáticamente a través de artimañas legales que permitieron indexar en dólares mientras teníamos deflación interna y ahí nunca se habló de la seguridad jurídica. Los incumplimientos y transgresiones fueron tantos que en un tribunal internacional no sé qué podría llegar a pasar.
SU: –Nosotros hemos sido críticos de algunas renegociaciones llevadas adelante en los ‘90, pero no todos los casos fueron iguales. En electricidad y gas, más allá de que haya habido indexación por la inflación de Estados Unidos, se procedió con mucha más prolijidad que en otros sectores, como el transporte. Me parece muy importante dar la discusión sobre el pasado, pero hacia adelante los nuevos costos tienen que ser remunerados, si no, nadie va a invertir.
¿Pero cómo se hace para contemplar en la renegociación lo ocurrido en el pasado?
SU: –Algunas renegociaciones realizadas durante esos años permitieron ampliar las ganancias de las empresas y condicionaron el estado de ánimo de la gente. Pero no creo que se pueda plantear que porque ganaron mucho dinero en el pasado ahora lo tienen que devolver. No hay antecedentes jurídicos que garanticen eso. Los problemas del pasado no deberían tenermayor incidencia en la renegociación porque no se puede compensar penalizando decisiones tomadas por el Estado anteriormente. Aunque no nos guste fue el Estado quien firmó. Además, en muchos casos las empresas tuvieron mayores ganancias que el promedio internacional porque el costo de capital en la Argentina es mayor y para subsistir hay que ganar más.
DA: –Acepto los condicionantes macroeconómicos de la Argentina, pero buena parte de las altas tasas de rentabilidad tuvieron que ver con ilegalidades e ilegitimidades. Durante los ‘90, las empresas llevaron adelante una captura institucional que abarcó al Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, a la mayoría de los jueces y a los entes reguladores.
¿Las causas que llevaron a esa situación ya no se pueden revisar?
DA: –Las empresas actuaron con la complacencia del Estado, pero desde el punto de vista legal es posible revisar todas las indexaciones irregulares que hubo. Aunque va a ser más difícil que hacer la revolución socialista. Según una estimación que hicimos en Flacso, entre electricidad, gas y agua las indexaciones ilegales implicaron ganancias superiores a 9000 millones de dólares.
SU: –La historia se debe revisar, pero lo que pasó en los ‘90 no debe mezclarse con la discusión sobre cómo seguir de aquí en adelante. Son dos temas diferentes.
Ustedes coinciden en que en el corto plazo no habrá problemas con el suministro de servicios, pero las empresas amenazan con el colapso.
DA: –Es una forma más de presión. A mí no me cierra que, de golpe, todas las semanas haya robos de cables de alta tensión o que el aumento de la marginalidad sirva para explicar el desmantelamiento de una planta de Aguas Argentinas ubicada en Berazategui. Yo creo que los cortes van a seguir y no por problemas de costos operativos sino por presión. Además, tenés la presión de los países de origen de las empresas y de los organismos multilaterales que ahora se preocupan por la seguridad jurídica.
SU: –No creo que las empresas se hagan robar los cables para presionar. Aunque la presión existe y si es para tener una rentabilidad que alcance el 10 por ciento más vale que en algún momento tengan éxito porque si no, más adelante nos vamos a quedar sin servicio.
¿Creen factible que alguna empresa abandone la concesión?
DA: –Mi sensación es que eso no va a pasar. No creo que las empresas decidan abandonar la concesión durante el próximo año. Distintos son los casos del Correo y Aeropuertos donde los incumplimientos fueron históricos y la Auditoría General de la Nación ya recomendó a través de un dictamen la rescisión de los contratos. En esos casos se debería hacer cargo el Estado.
SU: –Más allá de los casos puntuales, me gustaría aclarar que si las empresas vuelven al Estado por un incumplimiento en el contrato no hay problema. Pero si se retiran y demandan al Estado por haberlas sometido a condiciones discriminatorias podría llegar a ser una muy mala noticia que terminaríamos pagando todos, aunque por ahora no creo que eso suceda.
¿Qué puede pasar si el incremento en la tarifa necesario para volver a invertir no puede ser afrontado por la mayoría de la sociedad?
SU: –Existe la posibilidad de implementar una tarifa social para los sectores más golpeados. También se pueden postergar requerimientos de calidad. Cuando vamos al supermercado cambiamos las primeras marcas por las segundas. En este caso no podemos decidir individualmente que calidad de luz tener, pero si podemos tomar una decisión centralizada. Me parece que en esta coyuntura se deben postergar aspiraciones legítimas para que las tarifas sean más bajas. Hay que buscar la forma para que el negocio sea viable.
DA: –Comparto lo que decís, pero creo que con más del 50 por ciento de los argentinos en la pobreza se va a tener que implementar un sistema desubsidios cruzados. Mi sensación es que el tema de los subsidios va a ser imprescindible. Porque además está el tema de los ciudadanos sin servicio que se va a agravar aún más con los crecientes niveles de morosidad y los cortes de las empresas. Algunas asambleas vecinales ya están planteando no pagar como forma de presión.
SU: –No necesariamente hace falta un subsidio cruzado si es la estructura impositiva la que se cambia.
DA: Con los impuestos solamente no alcanza.
SU: –Si no fuera suficiente aceptaría algún subsidio cruzado, pero lo haría fácil de desmantelar, acotado y transparente.
También está la opción de las telefónicas que para no aumentar las tarifas pidieron que se detuviera el proceso de apertura a la competencia.
SU: –En esta coyuntura hay muchas presiones para empezar a desarmar las reglas preexistentes fijándole precios distintos a quienes exportan o restringiendo la competencia a cambio de un congelamiento de tarifas, como es el caso de las telefónicas. Eso sería catastrófico porque dentro un par de años la competencia no existe más. No debemos volver a la estructura tarifaria indescifrable de la década del ‘80.
DA: –Mi preocupación no es que se vuelva a los ‘80 sino que se siga en los ‘90 donde el estado de derecho se violaba día por medio. A comienzos de año se sancionó una Ley de Emergencia Económica y desde entonces todas las energías están puestas en ver como se la viola para aumentar las tarifas.